Cinco leyes ante un Congreso fragmentado: el difícil recorrido parlamentario de la agenda legislativa de Sanidad

Con el próximo verano como límite, si no hay adelanto electoral, el reloj de la legislatura comienza a correr más hacia atrás que hacia delante. Ante este panorama, el inicio del curso se plantea ajetreado para el Ministerio de Sanidad, que tiene sobre la mesa multitud de proyectos legislativos pendientes. 

Según figura en el Plan Normativo 2026 publicado por el Gobierno a finales del pasado mes de mayo, son cinco las leyes que el Ministerio ha planteado desarrollar en este 2026: la ley del medicamento, la ley antitabaco, el nuevo Estatuto Marco, la de gestión pública y la de organizaciones de pacientes. Cada una se encuentra en una fase de desarrollo y tramitación, aunque todas enfrentan el mismo impedimento: la falta de apoyos parlamentarios amarrados por el Gobierno para sacarlas adelante. La fragilidad de la mayoría que sostiene al Ejecutivo lleva meses haciéndose palpable y en el plano sanitario puede dejar en el cajón relevantes iniciativas para el sector. 

El conflicto del Estatuto Marco

Desde el primer Consejo de Ministros a la vuelta del verano, Sanidad no ha querido dejar pasar más tiempo y ha dado un nuevo paso adelante en la más controvertida de las normas que plantea: el Estatuto Marco. Su remisión al Congreso ha reavivado la indignación de los sindicatos médicos, que ya han confirmado su determinación de retomar las medidas de presión con una huelga indefinida en octubre. La norma ha generado un conflicto inédito en el colectivo médico, con múltiples llamadas a la huelga desde el año pasado. Además, la gestión de Sanidad de esta reforma y de la crisis abierta con los sindicatos médicos, se ha encontrado con el rechazo unánime del Consejo Interterritorial, desde donde llegaron a pedir su retirada para iniciar de cero la negociación. La falta de apoyos también se ha hecho explícita entre los grupos políticos, con el rechazo de la oposición (PP y VOX) y las críticas vertidas por socios estratégicos del Gobierno (PNV y Junts). 

Entre sus principales novedades, se introduce la limitación de las guardias a un máximo de 17 horas, un nuevo modelo de clasificación profesional y otra serie de mejoras en materia de conciliación y descansos, así como la fijación de convocatoria de oposiciones cada dos años para tratar de combatir la temporalidad en el sector. 

Otras cuatro leyes la espera de tramitación parlamentaria

Otro de los proyectos de ley aprobados y a la espera de su turno en el Congreso es la ley del medicamento, a la que también dio el visto bueno el Consejo de Ministros en julio. La norma, que aspira a introducir importantes reformas para la racionalización del gasto farmacéutico y el diseño de un nuevo modelo de introducción de fármacos en la cartera pública, se plantea como una reforma de la ley de uso racional vigente desde hace más de una década que desde la industria farmacéutica ven esencial actualizar. No obstante, las patronales del sector también han mostrado sus recelos respecto al redactado del texto, especialmente en aspectos como el nuevo sistema de financiación o las medidas orientadas a asegurar la viabilidad de la producción y prevenir desabastecimientos.

Las críticas a esta norma también han venido por el conflicto que se origina con otra de las iniciativas legislativas pendientes, el real decreto de precio y financiación. Este decreto, sacado a consulta pública y que el Gobierno deberá refrendar en segunda vuelta, toca algunos de los aspectos fundamentales que aspira a modificar la ley. En consecuencia, según advierten desde la industria farmacéutica, es que se queda a medio camino entre lo que dictamina la legislación en vigor y lo que pretende reformar la siguiente.

También aguarda su momento en las Cortes la nueva ley antitabaco, que plantea ampliar los espacios sin humo a terrazas, playas, vehículos de trabajo y los alrededores de centros sanitarios y educativos, así como equiparar las prohibiciones para los nuevos productos derivados del tabaco. La norma cuenta con el respaldo de las asociaciones científico médicas, que aplauden el endurecimiento de las restricciones, mientras que ha despertado el rechazo de la hostelería por el impacto que temen para sus negocios. Entre los representantes políticos, desde el PP han reprochado que se haya desarrollado sin el consenso de las comunidades autónomas, aunque no han fijado su posición de cara a una posible votación. 

La ley de gestión pública también ha generado controversia, especialmente en el sector de la sanidad privada. Esta regulación pretende poner coto a los modelos de colaboración público-privada en el sector sanitario, con una mayor delimitación de los conciertos. Desde la sanidad privada y los partidos de la oposición han cargado contra esta norma y advierten que puede empeorar el atasco del sistema sanitario público. Tras contar con luz verde del Gobierno en mayo, es otra de las iniciativas en cola para someterse a enmiendas y votación en el Congreso. 

Por último, la ley de organizaciones de pacientes, como legislación para regular y reconocer la participación de estas asociaciones en el sistema sanitario, se encuentra en la misma situación. Con el aval y el impulso de las organizaciones más representativas del sector, desde este ámbito también han planteado alegaciones en determinados aspectos, aunque celebran la iniciativa. 

Aunque no figura en el plan normativo, la propia ministra Mónica García, ha anunciado su intención de llevar al Consejo de Ministros una reforma del real decreto sobre las condiciones laborales de los MIR antes de final de año. Desde la Asociación MIR España, han exigido una reforma más ambiciosa durante la fase de audiencia pública, con un extenso documento de alegaciones donde piden mejoras salariales, de descanso y jornada. 

Aparte de estas leyes, tras la designación de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), el Ministerio también tiene como tarea pendiente continuar con el desarrollo de este organismo, ideado para dar respuesta a situaciones de emergencia para la salud de la población, como alertas sanitarias, catástrofes naturales o pandemias. La suma de estas iniciativas dan cuenta de un atasco que se hizo palpable en otro de los frentes pendientes de resolución para Sanidad: la creación de la especialidad médica de enfermedades infecciosas. Ante el requerimiento de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) para dictaminar una decisión sobre esta especialidad, Sanidad prorrogó los plazos alegando una elevada carga de asuntos pendientes. En el arranque de este nuevo curso para el sector sanitario, Sanidad deberá trabajar a contrarreloj para tratar de sacar adelante el mayor número de iniciativas regulatorias posible. 

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