El Gobierno aprueba una ley para restringir los conciertos sanitarios a casos “excepcionales”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) por el que limita la gestión sanitaria privada de centros sanitarios públicos. De esta forma, la norma limita la suscripción de conciertos sanitarios a casos “excepcionales” y sujetos a la validación por parte de informes técnicos. Así, la externalización de la gestión sanitaria quedará restringida a situaciones en las que la administración pública acredite que no puede hacerse cargo y se demuestre la viabilidad y sostenibilidad financiera de hacerlo. Esta fórmula de colaboración público-privada estará, además, sujeta a procesos de evaluación por parte de la administración para garantizar su “calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad”.

Con esta norma se deroga la 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, aunque para ello deberá afrontar el recorrido parlamentario pertinente, cuya tramitación se antoja complicada dada la inestabilidad parlamentaria del Gobierno. Tras la aprobación por parte del Consejo, la nueva ley pasará a fase de consulta pública, para volver Consejo de Ministros como proyecto de ley en segunda vuelta y, posteriormente, llegar al Congreso de los Diputados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que esta norma es la “primera que establece de forma inequívoca que la gestión pública es la forma preferente” ante lo que ha calificado como “incorporación errática de entidades privadas” al sistema sanitario. La ministra ha vertido duras críticas contra la gestión sanitaria privada para defender esta norma, reavivada a raíz de la polémica por el Hospital de Torrejón de Ardoz, con el objetivo de “dar portazo a un modelo que ha permitido que el lucro entrara en la gestión pública”.  

“Esta ley no va contra las fórmulas que no tienen ánimo de lucro. Hay modelos de colaboración publico-privada sana. Va contra los que han detraído recursos de la pública para engrosar las cuentas de unas pocas empresas”, ha declarado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.  

La ministra ha anunciado que con esta ley se "pondrá coto" a casos "absolutamente obscenos", como el de Torrejón, a los que se ha referido citando los audios filtrados sobre sobre las supuestas órdenes del CEO de Ribera Salud, empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, para aumentar el beneficio económico de la compañía. A propósito de estos, ha argumentado que no se trata de “casos aislados” sino “estructurales” y basados en “un marco normativo que que ha permitido que la gestión sanitaria pública pueda tener una orientación hacia el beneficio económico".

Al hilo, ha vuelto a incidir, como ya hiciera en anteriores ocasiones, en las “evidencias científicas” sobre los “riesgos para la salud de la privatización de la sanidad”, relacionado este modelo con mayores tasas de “mortalidad evitable”.

García ha defendido que esta ley busca proteger la sanidad pública de “las garras especuladoras y privatizadoras”, sosteniendo que no se podrá recurrir a la gestión indirecta “por capricho o por ideología”. “Ya se ha demostrado que la gestión privada no solamente es menos eficiente sino que es más dañina”, ha afirmado. 

Esta ley no ha tardado en generar reacciones en el sector y, como tal, será uno de los grandes temas que a abordar en el Fórum de Salud, un evento organizado por Medicina Responsable que reunirá este jueves a 14 consejeros de Sanidad autonómicos para analizar y debatir sobre el estado del sistema sanitario.

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