El plan antitabaco de Sanidad sigue encallado

La última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se saldó con el anuncio de Sanidad de que se otorgaba a las comunidades autónomas un plazo de quince días para presentar alegaciones a la propuesta del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 (PIT). El Ministerio de Sanidad ha comunicado que, de las 157 alegaciones propuestas por las comunidades, diez no han tenido una respuesta positiva y el resto han conllevado una modificación o aclaración al texto.

Según fuentes consultadas por Europa Press, "todas las CCAA", incluyendo también las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, han puesto sobre la mesa nuevas proposiciones a este borrador, que sugiere la prohibición de fumar en terrazas de hostelería y un incremento en el precio del tabaco, entre otras medidas.

A pesar de que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha declarado que espera que el plan se plasme a través de diferentes leyes para ampliar los espacios sin humo, el acuerdo parece que no va a llegar aún ya que en el pleno del CISNS del próximo viernes solo está previsto informar a las comunidades de los acuerdos alcanzados en el marco de la Comisión de Salud Pública, celebrada este miércoles. 

No obstante, según recoge Europa Press, el pleno será largo ya que sí se pretende la aprobación de hasta 10 acuerdos, de los que la mitad responden al reparto de fondos para financiación autonómica además de una actualización de la Estrategia en Ictus o la creación el Grupo de Trabajo de Listas de Espera del SNS.

El objetivo que defiende la ministra con el nuevo PIT es poner nuevamente a España “en la vanguardia de la lucha contra el tabaco”.  "El plan no trae nada concreto ahora, porque eso se tiene que derivar en lo que son las diferentes leyes, pero obviamente queremos ampliar los espacios sin humo", ha señalado, en referencia a algunas de las medidas que estaban en el aire desde que comenzara a trabajarse el plan, como la prohibición de fumar en terrazas.

Para la ministra, la prioridad es intentar que las nuevas generaciones no inicien el hábito tabáquico y, además, "ayudar a las personas que quieren dejar de fumar". Y todo esto conseguirlo con "consenso social", que asegura, "sí existe".

Qué piden las Comunidades Autónomas

Algunas de las CCAA han hecho públicas sus enmiendas a este Plan, como es el caso de Aragón, que ha solicitado al Ministerio de Sanidad que incluya en el Plan los dispositivos electrónicos, con o sin nicotina, y el vapeo. Además, para la directora general de Salud Pública de la comunidad, Nuria Gayán, es "fundamental" que el plan contenga más concreción y disponga de respaldo presupuestario para llevar a cabo las iniciativas propuestas.

Respecto a las referencias a los espacios sin humo aludidos en el Plan, y en relación con la ampliación de los mismos, Aragón considera más adecuado apostar por la "voluntariedad". Para ello, propone el establecimiento de medidas que incluyan distintos tipos de incentivos y beneficios fiscales, así como la creación y el otorgamiento de distintivos de espacios sin humo.

Otra de las comunidades que ha dado a conocer sus proposiciones es Castilla y León. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, avanzó el pasado miércoles que, dentro de las propuestas presentadas por la comunidad al Plan Integral contra el Tabaquismo, se reclama que el Ejecutivo defina de forma "clara" cuáles son las autoridades competentes en la inspección para el cumplimiento de este plan. "Las autoridades competentes deben establecer claramente cuál es el ámbito de cada una de ellas, fundamentalmente en lo que tiene que ver la inspección, que quede claro qué administración y qué autoridad es la que corresponde a la inspección, que se regule claramente cuando se trata de hablar de intervención en ámbitos privados", explicó, a lo que añadió que el objetivo de la Junta es "disminuir, en la mejor medida de lo posible, la limitación de las libertades individuales". "Debe garantizarse el derecho a la salud con el derecho a la libertad individual", zanjó.

Por su parte, la Comunidad Valenciana, si bien se muestra de acuerdo con la necesidad de ampliar los espacios sin humo, solicita al Ministerio establecer el "compromiso" de que cualquier modificación se haga "bajo un mismo marco legal para todo el territorio nacional" y "procurando un adecuado consenso político para su aprobación".

Además, reclama mayor concreción en la regulación de los vapeadores y que el aumento del precio de los cigarrillos se vincule directamente a la financiación del Plan antitabaco.

También considera que es condición "necesaria e imprescindible" avanzar, concretar y regular muchas de las medidas que se plantean, "a través de una legislación que se obtenga con consenso político, y se aplique de forma homogénea en todo el territorio nacional". Asimismo, han pedido acompañar el plan con una memoria económica que incluya el impacto presupuestario para cada comunidad y la línea de financiación establecida para el desarrollo y consecución de los objetivos establecidos.

En concreto, apuesta por medidas que "incentiven y motiven" la consecución del objetivo de ampliar los espacios sin humo, pero detecta "una falta clara de definición y concreción" en el Plan y recuerda que "el logro" obtenido con la regulación previa fue "fruto del importante consenso político y la regulación homogénea en todo el territorio nacional", por lo que pide que se mantengan estos condicionantes.

Además, ve "necesario" evaluar el grado de cumplimento de la normativa vigente y propone alternativas para su cumplimento en espacios "especialmente sensibles", como son los centros sanitarios.

La Asociación Española Contra el Cáncer pide responsabilidad

Todas las organizaciones alineadas para la prevención y el control del tabaquismo en España y englobadas en el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Asociación Española Contra el Cáncer, han pedido a las Comunidades Autónomas y al Gobierno que actúen con responsabilidad y busquen el mayor consenso posible en la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT). 

Para ellos, este Plan incluye medidas clave como la regulación de los nuevos productos de tabaco, espacios libres de humo y una mayor fiscalidad y control publicitario, y es "esencial para avanzar en la protección de la salud pública de la ciudadanía y, especialmente, de los jóvenes". Por ello, continúan, "apelamos a una acción decidida que impulse la reforma legislativa y dotación presupuestaria necesarias, asegurándose así que se convierta en una realidad efectiva en la lucha contra el tabaquismo". 

"No podemos pasar por alto que el tabaco es la principal causa prevenible de mala salud y el mayor perjuicio para la Salud Pública. Es el principal factor de muertes evitables y está directamente vinculado con más de 15 tipos de cáncer. La Asociación Española Contra el Cáncer estima que la eliminación del consumo de tabaco podría reducir hasta en un 30% los casos diagnosticados de cáncer en España", explican. Por ello, todas las organizaciones del CNPT "estamos comprometidas a colaborar estrechamente con todas las instituciones para asegurar la necesaria aprobación del Plan Integral de Tabaquismo como un primer paso para avanzar hacia nuestro objetivo común: una sociedad libre de tabaco". 

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