Claves de la ley del medicamento que Sanidad prevé aprobar en el Consejo de Ministros

La Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, una de las medidas estrella del proyecto de legislatura del Ministerio de Sanidad, está previsto que inicie mañana su recorrido legislativo al pasar por el Consejo de Ministros. Con esta reforma, que modifica la Ley de Uso racional de medicamentos de 2015, Sanidad busca modernizar la política farmacéutica nacional para adaptarla al contexto actual de la industria y las modificaciones legislativas de la Unión Europea en esta materia. Entre los puntos clave de esta nueva ley se incluyen la modificación del sistema de precios de referencia para la financiación pública de fármacos (para permitir a las marcas vender a un precio mayor que los genéricos), o la revisión de los tramos de copago farmacéutico.

En palabras del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se trata de una “reforma ambiciosa” que busca “modernizar y actualizar” la regulación de la industria farmacéutica frente a retos como los problemas de abastecimiento de fármacos esenciales, la sostenibilidad a largo plazo de las cadenas de suministro o el aumento de la penetración de los medicamentos genéricos.

El próximo martes está previsto que se conozca el Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, para pasar después a fase de consulta pública. Si bien habrá que esperar para conocer la versión definitiva del documento, la filtración de un borrador de este anteproyecto publicada por el medio demócrata.es el pasado mes de diciembre deja ver algunos de las principales novedades que Sanidad pretende incluir con esta norma. Fuentes del sector señalan a Medicina Responsable que existen dudas sobre cuáles de estas medidas estarán finalmente incluidas en el anteproyecto y cuáles podrían caer, por lo que la expectación ante el documento es máxima.

Sistema de precios de referencia

Una de las medidas más solicitadas por la industria farmacéutica, según ha reconocido el propio Padilla, es la modificación del sistema de precios de referencia para la financiación de fármacos por parte de la sanidad pública. España es actualmente el único país de Europa que cuenta con un sistema de este tipo pero que no permite la diferenciación de precios entre medicamentos genéricos y de marca, por lo que el borrador establece como novedad la “convivencia de diferentes medicamentos a diferente precio dentro de un mismo conjunto de precios seleccionados”.

La entrada de los medicamentos genéricos en el mercado conduce a la creación de las llamadas agrupaciones homogéneas, en las que los fármacos comparten el mismo precio para todas las opciones terapéuticas. Con esta modificación, se permitiría a las marcas vender más caro que los genéricos, dejando que los pacientes elijan qué opción terapéutica prefieren, abonando de su bolsillo la diferencia de precio sobre el precio de referencia.

Actualmente, cuando los fármacos innovadores pierden la patente y se da entrada a los medicamentos genéricos en el mercado, a la hora de pasar a tener financiación pública, en España se aplica una bajada de precio automática del 40%. A partir de ahí, se establecen reducciones de precio que los medicamentos de marca están obligados a igualar. Sanidad reconoce en el borrador que el hecho de que “todos tengan un mismo precio puede llevar a un entorno menos competitivo y problemas de suministro”, por lo que pretende poner fin a esta excepción de la legislación española respecto a la europea. Esto es algo que constatan del propio sector de medicamentos genéricos, donde denuncian que algunas de las bajadas de precio que se producen en la Comisión Interministerial de Precios (el órgano donde se determina el precio de financiación de los medicamentos) se hacen de forma “temeraria”.

En la práctica, estas rebajas llevan a algunas compañías, especialmente las que producen en Europa, a retirarse de la puja por suministrar medicamentos que adquiere el sistema público, dando lugar a casos de “monopolio” y problemas de abastecimiento, por la excesiva dependencia de productores de países como China o la India. 

Por ello, el borrador hace hincapié en la necesidad de hacer frente a estos problemas de suministro y reforzar la capacidad de “incorporar la avalancha de innovación” que ha venido desarrollando la industria en los últimos años.

Otra novedad incluida en el borrador afectaría directamente a las competencias de los profesionales de las oficinas de farmacia, permitiéndoles la sustitución de fármacos ante casos de “desabastecimiento o urgente necesidad”.

Reforma del sistema de copago

Según la información incluida en el borrador, el sistema de copago farmacéutico también se modificaría para incluir nuevos tramos de contribución con el objetivo de hacerlo “más progresivo”. De esta forma, los contribuyentes con una renta anual inferior a los 35.000 euros mantendrían el mismo porcentaje de aportación (40%) al comprar medicamentos en oficinas de farmacia, aplicando subidas por encima de ese umbral del 5%, con un nuevo tramo para quienes ingresen entre 60.000 y 100.000 euros anuales.

Los pensionistas con rentas superiores a 60.000 euros también se verían afectados por esta reforma, ya que, si antes se les aplicaba a todos un copago del 10%, los que ingresen por encima de esta cantidad pasarían a pagar lo mismo que el resto de personas con esos ingresos.

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