Por Juan García
31 de marzo de 2025El modelo del mutualismo administrativo viene experimentando en los últimos años un progresivo aumento de los usuarios cubiertos por la sanidad pública. Si hace diez años representaban menos del 20% sobre el total de la cartera de Muface, en 2024 ya eran prácticamente uno de cada tres (32,2%), según los datos oficiales de la mutualidad al cierre del pasado año. Por primera vez en la historia del modelo, estos mutualistas han superado la barrera del medio millón de usuarios.
A los funcionarios cubiertos por Muface se les permite anualmente (y, a partir del próximo concierto, dos veces al año) elegir entre sanidad pública o privada, excluyendo a quienes optan por aseguradoras privadas de asistencia sanitaria pública. Los datos del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la viabilidad de Muface para el periodo 2022-206 han arrojado luz sobre cómo ha evolucionado esta distribución, con un saldo positivo de cambios en favor de la pública en los últimos años. Estas cifras constatan, además, la tendencia hacia el envejecimiento de la cartera de mutualistas, que se mantiene en el mismo número total entre titulares (funcionarios) y beneficiarios (familiares), con más de millón y medio de personas.
Aunque la cobertura privada sigue siendo mayoritaria sobre el total de mutualistas, esta proporción se invierte en el caso de los mutualistas de nueva incorporación y los pacientes más graves. En 2023, el 72% de los nuevos funcionarios eligieron la pública y las cifras se disparan también hasta el 60% “entre aquellos mutualistas que precisan episodios hospitalarios de severidad mayor y extrema”. Los porcentajes se sitúan en las mismas cifras entre quienes necesitan procedimientos oncológicos como quimioterapia o servicios de nefrología y diálisis, según señala el documento. Por el contrario, los usuarios muestran una clara preferencia por la privada en lo que se refiere al acceso a pruebas diagnósticas y consultas con médicos especialistas, triplicando las ratios en servicios como traumatología, dermatología y ginecología.
En base a estos datos, la Airef determina que “la complejidad médica correlaciona de forma positiva con la elección pública, aunque su impacto agregado sea limitado debido a su baja prevalencia”. Otro dato llamativo es que hasta un 30% de los funcionarios de Muface cubiertos por la pública tienen, además, un seguro médico privado contratado.
En base a estas tendencias, el informe de la Airef propone el paso progresivo de los nuevos funcionarios a la sanidad pública “condicionada a refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud”. El informe recalca que una migración de todos los funcionarios de golpe se traduciría en un incremento de las listas de espera de un 7% para intervenciones quirúrgicas y de un 30% para consultas especializadas. Por ello, desde la sanidad privada defienden la necesidad de mantener el modelo de mutualismo, destacando el menor coste medio por paciente y el alivio que producen sobre el sistema público, criticando las conclusiones del informe de la Airef.
Estas cifras han llegado en un momento de convulsión en plena crisis de renovación de Muface, tras seis meses sin acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras para renovar el concierto por los próximos tres años. No obstante, el desenlace definitivo se espera que llegue después de Semana Santa con la firma del nuevo convenio, según señalaron desde CSIF tras la última reunión del Consejo General de Muface.
Entretanto, durante este periodo de negociación, en el que no salieron adelante las dos primeras ofertas de licitación planteadas por el Ejecutivo, los sindicatos han venido denunciando anulaciones y retrasos de citas por parte de las aseguradoras de Muface. En este contexto, habrá que esperar a junio, cuando se abra una nueva ventana para que los mutualistas elijan entre sanidad pública o privada, para conocer el impacto de esta crisis sobre la distribución de la cartera. En de 2024, cuando ya estaba enquistada la renovación de Muface, fueron más de 45.000 los funcionarios que pasaron de la sanidad privada a la pública respecto al año anterior.
Por el momento, unos 200.000 mutualistas tendrán forzosamente que cambiar de asistencia, ya que la retirada de DKV del concierto (dejando a Asisa y Adeslas como únicos prestadores privados).