Por Juan García
26 de marzo de 2025Los datos de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) a cierre de 2024 constatan la tendencia hacia un menor peso de las aseguradoras privadas entre los mutualistas. Los titulares y beneficiarios de la mutualidad, suman más de un millón y medio de usuarios, de los cuales, un tercio están cubiertos por la sanidad pública. Sin embargo, si en 2023 un 29,7% del total de la cartera estaban atendidos por la pública, el pasado año esa cifra subió hasta el 32,2%.
El modelo de libre elección de la mutualidad, que permite a estos funcionarios elegir anualmente entre tener su cobertura sanitaria en aseguradoras privadas o en la pública (de cara al nuevo concierto, dos veces al año), refleja una tendencia hacia la progresiva disminución de los que optan por aseguradoras. Hace una década, menos de uno de cada cinco mutualistas de Muface estaban en la sanidad pública, un 12% menos que en 2024. Así, en el año 2014, habiendo un número similar de usuarios en Muface, eran 275.000 los que estaban en la pública, mientras que en 2024 han superado el medio millón.
Las cifras muestran un leve incremento del total de mutualistas entre titulares y beneficiarios en 2024, con casi 40.000 más que el año anterior, haciendo un total de 1.572.164. A la par que este incremento, crecieron aún más el número de mutualistas cubiertos por la sanidad pública (50.000 más que en 2023).
La propia Muface destaca de estos datos que se acentúan tendencias anteriores, como el envejecimiento del colectivo, sobre todo el adscrito a entidades concertadas para asistencia sanitaria, que sigue disminuyendo paulatinamente; o la reducción progresiva del número de beneficiarios de los titulares, que es tendencia general en el colectivo desde 1993 y se acentúa desde 2005.
Entre las aseguradoras privadas, Asisa fue la compañía que mayor número de asegurados perdió en 2024, con 10.000 menos. Adeslas, la aseguradora con más volumen de mutualistas, contó con unos 4.000 asegurados menos que en 2023, mientras que DKV ganó 2.000 usuarios en ese año, aunque la retirada de esta compañía de la licitación para los próximos tres años obligará a unos 200.000 mutualistas a cambiar de aseguradora o pasarse a la pública.
En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado esta semana un informe en el que recomendaba la incorporación progresiva de los nuevos mutualistas a la sanidad pública, revelando que el porcentaje de mutualistas en la pública aumenta “sustancialmente” entre quienes requieren hospitalizaciones de mayor gravedad. Esta migración de pacientes, señalan que debe estar supeditada a un refuerzo de las capacidades asistenciales del Sistema Nacional de Salud
Desde la patronal de la sanidad privada, ASPE, han criticado el informe por considerar que instaura la “obsolescencia programada” del modelo de Muface y defienden que el propio documento señala la mayor accesibilidad a consultas de especialistas y pruebas diagnósticas que ofrecen las aseguradoras privadas. Además, apuntan que el paso de los funcionarios a la pública agravaría la actual situación de las listas de espera y la saturación de la sanidad pública.
A estas críticas se ha sumado el sindicato CSIF, quienes consideran el informe un “ataque” y se oponen “frontalmente” a cualquier recorte en las prestaciones para el modelo de la mutualidad. Así lo trasladarán hoy en la reunión del Consejo General de la mutualidad, convocado para esclarecer los casos de supuestas presiones a oncólogos para no prescribir tratamientos caros en la sanidad privada.