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La crisis de la vivienda pasa factura a la salud mental de los jóvenes: el malestar psicológico llega a duplicarse entre los afectados

Según una encuesta del Consejo de la Juventud, Oxfam Intermón y Fad Juventud, el 42% de las personas de entre 25 y 34 años con dificultades habitacionales percibe su salud mental como regular o mala

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La crisis de la vivienda pasa factura a la salud mental de los jóvenes: el malestar psicológico llega a duplicarse entre los afectados
Fuente: Magnific

Por Juan García

16 de junio de 2026

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales para los españoles, especialmente para los más jóvenes. Los precios de la vivienda han pasado a ser un agujero negro para las finanzas de las nuevas generaciones, que tiene consecuencias en su bienestar emocional. Este ha sido el foco de análisis de un informe impulsado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), Oxfam Intermón y Fad Juventud, en el que han puesto cifras a través de una cuesta a la relación entre ambos fenómenos.

Según los datos de este estudio, titulado “Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural”, la incidencia de mala salud mental de las personas de entre 16 y 34 años que destinan más del 50 % de sus ingresos a la vivienda duplica la registrada entre quienes pagan menos del 30 %. En este tramo de edad el porcentaje de personas afectadas por la crisis de la vivienda que percibe su salud mental como mala o regular asciende hasta el 42%.

Las entidades asocian en base a estos datos el sobreesfuerzo económico y las dificultades para independizarse con peores niveles de salud mental. Se trata de un aspecto íntimamente ligado a las desigualdades económicas, que determinan las capacidades de acceso al mercado de la vivienda. La situación es especialmente crítica para el creciente porcentaje de personas jóvenes que no pueden acceder a comprar una vivienda en propiedad y viven de alquiler. 

El círculo vicioso de la desigualdad

La crisis del mercado inmobiliario ha transformado el modelo residencial, dando lugar a lo que muchos denominan la “generación inquilina”. Una percepción que avalan los datos: en 2025, la mitad de las personas jóvenes emancipadas vivía en alquiler. La población joven destina entre un 40-50 % de sus ingresos al pago de la vivienda, una cifra muy por encima del umbral recomendado del 30 %. En el caso de los hogares unipersonales jóvenes, el esfuerzo es aún mayor: desde 2017 supera el 80 % del salario.

“La crisis habitacional se ha convertido en un factor estructural de desigualdad que afecta a su salud mental, a sus relaciones y a sus expectativas de futuro”, apunta Julia García, coautora del estudio y experta en desigualdades y juventud de Oxfam Intermón.

Estas dinámicas generan una incertidumbre y una constante dificultad para planificar un proyecto de vida. Al mismo tiempo, condiciona los vínculos, la vida social y la percepción de apoyo, algo que se relaciona directamente con fenómenos como la soledad no deseada. El volumen de personas que la padecen se duplica entre quienes tiene carencia material severa frente a quienes no alegan carencias. 

“Para muchas personas jóvenes, la vivienda marca decisiones vitales, con quién viven, qué intimidad pueden tener, cuánto tiempo pueden sostener un alquiler o hasta qué punto pueden imaginar un proyecto de vida propio”, detalla García a este respecto. 

El informe precisa que estos elevados precios de la vivienda no explican por sí solos este malestar, sino que se suman a otros factores socioeconómicos estructurales para los más jóvenes, como la precariedad y la inestabilidad laboral. El esfuerzo económico de las personas con alquiler se traduce en una mayor vulnerabilidad social que también encuentra una traducción en cifras: la diferencia entre el riesgo de pobreza antes y después de hacerlo se mantiene alrededor de 20 puntos porcentuales.

Si ampliamos la mirada a todos estos factores económicos entre los que se incluye el problema de la vivienda, se encuentra un marcado deterioro de la salud psicológica relacionado con las situaciones de vulnerabilidad material. En el último año, el 63,5% de quienes se encuentran en situación de carencia material severa sufrió algún problema de este tipo, frente al 52,4% de quienes no presentan ninguna privación.

Al mismo tiempo, esta escasez de recursos puede dar lugar a un círculo vicioso por las mayores limitaciones para acceder a atención psicológica. En el tramo de edad analizado, la mala salud mental aumentó del 7 % al 19,3 % para quienes tuvieron que renunciar a apoyo psicológico por falta de recursos en el último año.

“Las soluciones no pueden ser solo sanitarias”

 Ante esta emergente crisis de salud mental, el apoyo profesional es imprescindible, pero, según subrayan los autores del estudio, no puede ser la única respuesta. Por ello, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín ahonda en la idea de la influencia de las condiciones de vida sobre la salud mental, desterrando la concepción de la salud mental como una cuestión individual. La precariedad, la incertidumbre, la falta de autonomía o la sensación de que el futuro se aleja terminan dejando una huella profunda en el bienestar emocional de las personas jóvenes. No podemos entender la salud mental sin prestar atención al contexto en el que se desarrolla".

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Juventud, Andrea González, apunta que más allá de las limitaciones materiales, la crisis de la vivienda escenifica las implicaciones de tener problemas por este motivo. “Nos va la vida y la salud en poder acceder a una vivienda digna. Las soluciones no pueden ser solo sanitarias, no podemos responder con más psicólogas a un problema que tiene su raíz en alquileres que se comen nuestra capacidad de ahorro, en salarios que no alcanzan y en una generación que ha normalizado la incertidumbre como forma de vida”, expresa en esta línea. 

Por ello, en su informe las tres entidades por adoptar medidas a varios niveles, comenzando con un refuerzo de los servicios y la atención psicológica para cuidar la salud mental de la juventud. Una respuesta que debe ir aparejada de respuestas estructurales a través de políticas públicas “que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y asequible”. Entre ellas enumeran medidas orientadas a aumentar el parque de vivienda pública o contrarrestar la especulación inmobiliaria. 



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