Sumar propone el paso de los funcionarios de Muface a la sanidad pública

Los socios mayoritarios del Gobierno de coalición siguen mostrando su discrepancia sobre cómo abordar el futuro de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface), tras quedar desierta la licitación para la renovación del concierto que da cobertura sanitaria a estos mutualistas. Mientras que el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López (PSOE), anunció el pasado martes que el Gobierno presentaría una nueva licitación antes de final de año, el grupo parlamentario Sumar ha presentado una proposición no de ley para diseñar un modelo de transición de estos funcionarios atendidos por aseguradoras privadas a la sanidad pública. Entre tanto, el sector de los funcionarios se ha movilizado esta semana para urgir al Gobierno y las aseguradoras a sacar adelante un nuevo convenio que acabe con la incertidumbre que tienen estos pacientes sobre su asistencia sanitaria.

Según reza el texto presentado a la Mesa del Congreso de los Diputados, este mecanismo sería la creación de “una comisión de trabajo interministerial, liderada desde el Ministerio de Sanidad, que incluya a las comunidades autónomas, con el objetivo de establecer un proceso de transición de beneficiarios del sistema de aseguradoras privadas al sistema público”. Desde Sumar argumentan que el contexto actual ofrece “el momento idóneo” para acelerar esta transición “de forma progresiva”. El partido de la ministra de Sanidad, Mónica García, sostiene que esta transición se podría llevar a cabo durante el “periodo de prórroga establecida que permite la Ley de Contratos del Sector Público”. Este sería el primer paso para facilitar “una transición similar” en las otras mutualidades, la de las fuerzas armadas (ISFAS) y la de la judicatura (MUGEJU). 

En la iniciativa legislativa, argumentan que “mantener estos subsistemas no solo incumple la Ley General de Sanidad, también genera problemas de equidad y eficiencia”. Por ello, se muestran partidarios de que estos funcionarios pasen a ser atendidos por la sanidad pública y apuestan por la “transferencia plena” de la dotación económica destinada al concierto a “reforzar los sistemas de Atención Primaria de forma finalista”.

Renovación o liquidación del modelo

Mientras que la parte socialista del Gobierno ha reiterado desde el primer momento su voluntad de llegar a un acuerdo con una nueva licitación, tras decidir las aseguradoras no presentarse por considerar insuficiente la oferta económica, desde el ministerio de Sanidad han defendido la conveniencia de acabar con el modelo actual. En un informe difundido por el departamento que dirige García, señalaban tanto “viable como razonable” el paso del millón y medio de funcionarios cubiertos por Muface a la sanidad pública. 

Muface es competencia del Ministerio de Función Pública, aunque sería el de Sanidad quien pasaría a hacerse cargo de la cobertura sanitaria de estos funcionarios en caso de fracasar nuevamente la negociación con las aseguradoras.

La incertidumbre generada por el futuro de la mutualidad ha generado inquietud entre funcionarios y sindicatos, por el impacto que podría tener la absorción sobre un sistema sanitario público ya de por sí tensionado por las altas listas de espera y la falta de profesionales. El pasado miércoles salieron a la calle para exigir al Gobierno y las aseguradoras un acuerdo que garantice el futuro de su asistencia sanitaria, cuyo periodo de prestación finaliza el próximo 31 de enero. 

Desde la patronal de la sanidad privada, ASPE, han alertado del riesgo de colapso del sistema sanitario, acusando al Gobierno de querer acabar “deliberadamente” con el modelo actual de la mutualidad. Desde una de las compañías aseguradoras participantes del actual concierto, Adeslas, también han expresado su discrepancia sobre la posibilidad de establecer una prórroga más allá de enero y señalan que a partir de entonces sería responsabilidad de la propia Muface hacerse cargo de la asistencia sanitaria de los funcionarios.

 

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