Por Juan García
29 de septiembre de 2025Octubre comienza con un calendario cargado de citas importantes en las convulsas negociaciones del Estatuto Marco. El Ministerio de Sanidad ha reiterado su determinación de sacar adelante la norma, pero, tras incorporar al borrador las aportaciones de las comunidades autónomas, las posturas con las organizaciones sindicales se han distanciado aún más. Los sindicatos del Ámbito de Negociación, por un lado, y los médicos, por otro, venían mostrando su rechazo a la reforma de esta norma propuesta por Sanidad en base a diversas reclamaciones pendientes, y la entrada en escena de las autonomías, lejos de apaciguar los ánimos, ha acrecentado el descontento de estas organizaciones.
En este contexto, los tres agentes negociadores (Ministerio, consejerías y sindicatos) tendrán su primer cara a cara por el Estatuto el próximo jueves 2 de octubre en la reunión del Foro Marco de Diálogo Social. Un encuentro que llega en medio de dos grandes convocatorias de protesta: la manifestación de los sindicatos del Ámbito (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-SAUDE) el miércoles y la convocatoria de huelga médica el viernes.
Estas convocatorias dan cuenta del estado de ánimo entre los sindicatos, que denuncian como el texto “ha quedado vaciado de contenido” en su última versión. Entre las medidas incluidas en las versiones anteriores, decaídas tras incorporar las alegaciones de las comunidades, se encuentra una de las grandes reivindicaciones en materia de jornada: la obligatoriedad de remunerar las horas de guardia al menos al mismo precio que la hora ordinaria.
Junto a este, se eliminan del texto otros aspectos relativos a la negociación de permisos, vacaciones y menciones a determinados aspectos como el establecimiento de ratios adecuadas. Sanidad justifica estos descartes en base a que supondría “invadir competencias autonómicas” y deja en manos de las consejerías la regulación de estos aspectos.
Los sindicatos ven en estas modificaciones un “retroceso histórico” y exigen una nueva versión del documento. La regulación de la jubilación anticipada, el establecimiento de la jornada de 35 horas en todo el territorio y el acuerdo retributivo vinculado a la reclasificación profesional son las grandes demandas pendientes para los sindicatos del Ámbito, medidas que Sanidad ha descartado reiteradamente incluir en base al mismo argumento sobre las competencias autonómicas.
Los sindicatos y Sanidad chocan así por la visión sobre qué tiene cabida y qué no dentro del Estatuto. Mientras que las organizaciones ven en él una oportunidad para establecer criterios regulatorios comunes en todo el territorio sobre aspectos como los citados anteriormente, desde Sanidad alegan que son las comunidades las que se deberán encargar de “desplegar” y aterrizar esas reivindicaciones. “No podemos pedirle al Estatuto lo que no puede llevar competencialmente. Es una ley básica que regula las competencias del Estado respecto a las condiciones laborales de los sanitarios”, expresaba a este respecto la ministra Mónica García.
Por su parte, desde el Partido Popular (PP), que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, critican la “incapacidad” del Ministerio para sacar adelante la negociación y que se les quiera “arrojar el problema” a las autonomías. Desde este partido también vienen reclamando una memoria económica para la norma, una cuestión que Sanidad asegura está sobre el tejado de las propias comunidades. En su última rueda de prensa, la ministra defendió que la memoria económica la trabajarán con las comunidades, pero que necesitan que estas les entreguen documentación sobre el estado de sus sistemas sanitarios y a la adaptación a ciertos parámetros para aterrizar con cifras económicas el impacto de esta norma.
Los sindicatos médicos comparten la visión de las organizaciones del ámbito sobre el “retroceso” que supone la nueva versión del Estatuto, así como algunas reivindicaciones, como la jornada de 35 horas o la jubilación anticipada. No obstante, reclaman un espacio de negociación diferenciado para los facultativos y una regulación propia a través de un estatuto médico. Desde Sanidad ya han reiterado que no contemplan esta opción porque supondría “fragmentar el sistema sanitario” y emplazan a encauzar esta propuesta a través del Congreso o por una iniciativa legislativa popular.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ya han comenzado a trasladar a diversos grupos políticos su propuesta de estatuto médico, con el objetivo de recabar apoyos para llevar a las Cortes sus demandas. Mientras tanto, llaman a la huelga para protestar frente a un Estatuto que califican como “un ataque a la profesión”.
Los planes de Sanidad para el Estatuto Marco pasaban por avanzar en las negociaciones hacia un escenario en el que estén presentes los tres actores implicados, aunque esta nueva etapa parece haber complicado aún más unas negociaciones ya de por sí encalladas.