La sanidad privada estalla contra la ministra por la limitación de los conciertos

“Eslóganes populistas” y “cuestiones ideológicas” son algunos de los calificativos que han empleado desde la sanidad privada para criticar la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, que echó a andar ayer con la apertura del proceso de consulta pública. Esta normativa nace con el objetivo de “poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad”, según declaró ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, por lo que las reacciones del sector de la sanidad privada no se han hecho esperar y han criticado la postura del Ministerio contra la privada, reivindicando su aportación al sistema sanitario.

El presidente del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, ha sido el que se ha expresado con más contundencia a este respecto en un artículo publicado en su blog, en el que habla de un “criterio basado en eslóganes populistas” con la intención de limitar la gestión privada de hospitales públicos a través de conciertos. De Rosa señala que esta medida es “contraria a la constitución” y afirma que “lo que pretende la ministra Mónica García es la cubanización del sistema. O bien, volver a un modelo franquista: el Estado construye las infraestructuras y los funcionarios las gestionan”. El empresario lamenta que “la mayor preocupación de la ministra es ver si reanima a las bases de un partido que está en vías de extinción” y defiende que con esta medida buscan defenderse “a sí mismos en su posición como políticos” y no los intereses de los pacientes”.

Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad Privada (Fundación IDIS) achacan a “cuestiones ideológicas” la limitación de la colaboración público-privada en la sanidad y consideran que “solo generaría un aumento de los problemas sanitarios para los pacientes”. Aunque se muestran favorables a que esta norma sirva para introducir reformas que contribuyan a generar “un sistema sanitario más robusto, resiliente y sostenible” para los pacientes, señalan los datos de su último estudio sobre la sanidad privada para recalcar que “el 40% de los recursos sanitarios en nuestro país son privados y colaboran asiduamente con el SNS”. De esta forma reivindican su aportación al sistema sanitario y señalan que “lo más importante y urgente es la introducción de prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia”. 

Respecto a la “reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de los servicios sanitarios públicos” que recoge la norma provisional, apuntan que “la limitación de este tipo de acuerdos con ánimo de lucro solo se traduciría en problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención de los usuarios del SNS”, más aún en el contexto de falta de profesionales y sobrecarga de demanda asistencial en la pública con unas listas de espera que califican de “obscenas”.

En este sentido, se muestran dispuestos a la revisión de los marcos de colaboración entre la pública y la privada “de forma consensuada” y con el objetivo de facilitar la colaboración “en condiciones de seguridad y transparencia para todas las partes, y de calidad y seguridad para los pacientes”.

Preocupación por la “criminalización” de la sanidad privada por parte de la ministra

Por su parte la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) considera “irreal” la pretensión de prescindir de la aportación de la sanidad privada para la gestión del SNS y alertan del “riesgo evidente de fallo sistémico de la sanidad pública”. Además, el presidente de ASPE, Carlos Rus, advierte de que ciertas expresiones empleadas por la ministra “contribuyen a criminalizar la actividad legitima de un sector que siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad”.

La ministra ya había anunciado que esta norma no iba a poner fin a los conciertos con la sanidad privada, pero sí busca limitar lo que califica de “usos indecentes del SNS” buscando el lucro privado. Frente a ello, prevén un agravamiento de la atención sanitaria de forma “predecible e irresponsable”, y su presidente destaca que la “única vía” para atajar los problemas de la sanidad es la “colaboración-público privada”.

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