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Sanidad pretende limitar los conciertos con la privada a “excepciones justificadas”

A través de la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, el departamento que dirige Mónica García “pretende consagrar la supremacía de la gestión pública” frente a la privada

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Sanidad pretende limitar los conciertos con la privada a “excepciones justificadas”
Freepik

Por Juan García

15 de abril de 2024

Se espera que esta semana se abra la consulta pública de la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS) como primer paso para sacar la normativa adelante. De esta forma, la ministra de Sanidad Mónica García pretende, según sus propias palabras, “consagrar la supremacía de la gestión pública en nuestro SNS” frente a la sanidad privada con la intención de reducir los conciertos a “excepciones justificadas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido hoy a esta ley en  un acto en Asturias, mostrando su confianza en que sirva como "blindaje" del modelo público frente a quienes tienen o tengan en un futuro tentación para privatizarlo. "Nosotros creemos en nuestro modelo, un modelo público, de calidad, que vamos a seguir reforzando". El presidente ha señalado que este refuerzo vendrá de la mano de los profesionales y "por encima de todo, lo haremos de la mano de la inmensa mayoría de la sociedad que quiere una sanidad pública gratuita, de calidad y universal", ha dicho.

A través de esta norma, el Ministerio de Sanidad pretende hacer efectivo a nivel legal el lema de las Mareas Blancas de “la sanidad pública no se vende, se defiende”, según señala la ministra. “Tenemos que defender nuestro modelo sanitario y nuestra buena gestión, junto a la calidad de nuestra sanidad pública como la joya de la corona que es”, ha declarado García. 

“Esto no significa que no se pueda concesionar o conveniar, ni que pueda haber diferentes contrataciones para ciertos servicios o provisiones”, ha añadido García. A pesar de ello, se ha expresado en una línea similar a la de sus controvertidas declaraciones contra la sanidad privada, afirmando que “se ha demostrado que la privatización de la sanidad pública ha servido para que haya más mortalidad y menos calidad”.

Frente a ello, la norma de Sanidad apuesta por la gestión directa como mecanismo para “blindar el sistema público de salud identificado como modelo de gestión del SNS”. Esta gestión directa se entiende como la prestación de los servicios por parte de “centros de titularidad 100% pública. Esto incluye administraciones y entidades que forman parte del sector público institucional entre las que abre la puerta a la creación de consorcios, pero siempre de titularidad pública. Según ha explicado García, la Ley de Gestión Pública refleja el compromiso del Ministerio de Sanidad de “cuidar el carácter universal” de la sanidad.

García también detalla que esta consulta pública, que servirá para que ciudadanos particulares y organizaciones hagan sus propias aportaciones, se presenta como una forma de reivindicar "la eficiencia" de la universalidad y gratuidad de la sanidad. “Hay evidencias científicas que demuestran que la gestión pública es más eficiente frente a gestiones privadas, que son las que han parasitado nuestra sanidad”, afirma.

A este respecto, las últimas declaraciones de la ministra apuntan en la misma línea de reducir el peso de la privada dentro del sistema sanitario. Así, aunque no rechaza la colaboración con empresas privadas, sostiene que se trata de “trabajar de la mano de la pública sin meter la mano en la caja”.

Por su parte, el sector de la sanidad privada muestra sus dudas esta nueva regulación. La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, ya señaló a Medicina Responsable que “a priori, no presenta ventajas en términos de eficiencia y resultados sanitarios”. La directora de esta entidad que aglutina a numerosas organizaciones del sector de la privada considera que este es “un complemente indispensable para los ciudadanos”.

La aportación del sector para resolver problemas como las listas de espera, pone de manifiesto a su juicio la conveniencia y los beneficios de la colaboración público-privada. Por este motivo, recalca la necesidad de que existan unas “reglas claras” para materializar estos acuerdos.



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