
Por Juan García
29 de abril de 2026En más de 14 meses de conflicto médico por la reforma del Estatuto Marco, tras varios borradores del documento, multitud de reuniones de negociación y hasta seis convocatorias de huelga a nivel nacional, la discusión entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos sigue atascada en torno a las mismas cuestiones centrales: la creación de un estatuto propio, la negociación exclusiva con la Administración sobre sus condiciones laborales y la regulación de la jornada y las guardias.
El conflicto ha trascendido al propio Ministerio como promotor y responsable de la reforma y el colectivo médico reclama implicación al Gobierno central y las comunidades autónomas para desbloquear la situación. Desde el inicio, el reparto competencial entre Sanidad y las Consejerías ha sido uno de los grandes motivos de discusión. Por ello, ante las reivindicaciones enquistadas de los médicos y las sucesivas propuestas que siguen viendo insuficientes, la pregunta es hasta dónde pueden llegar las comunidades autónomas para satisfacer las reivindicaciones de los facultativos.
El Estatuto Marco, como norma estatal que regula las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, establece las condiciones básicas y generales para que las comunidades autónomas las desarrollen conforme a sus competencias. El Estatuto es, por tanto, una norma de mínimos, donde cuestiones como la retribución o la organización de los turnos y jornadas queda en manos de los servicios de salud autonómicos y la planificación de cada centro sanitario.
En la práctica, el problema viene porque, aunque las comunidades autónomas tienen capacidad de atajar aspectos como la reducción de las horas de guardia, mejorar la remuneración de las mismas o establecer límites a la jornada semanal más bajos, en la práctica, los gestores tienden a aprovechar al máximo la legalidad para acogerse a esos ‘mínimos’ que marca el Estatuto Marco, según argumentan desde los sindicatos médicos.
La reclamación de un estatuto médico nace de la falta de representatividad que sienten tener los médicos en el Ámbito de Negociación, por ser el colectivo médico minoría entre el total de profesionales sanitarios. En base a ello, reclaman una norma propia que reconozca las “singularidades” de la profesión en base a su grado de formación y responsabilidad en el proceso asistencial.
La creación de esta norma propia correspondería al Ministerio, aunque desde el departamento que dirige Mónica García han cerrado la puerta a esta posibilidad por considerar que supondría “fragmentar” el funcionamiento multidisciplinar del sistema sanitario.
A nivel autonómico, la única iniciativa que se ha desarrollado a este respecto se produjo en la Comunidad de Madrid. Vox es el único partido que ha apoyado explícitamente la creación de un estatuto médico al que en principio iba a mostrar su apoyo el Partido Popular (PP) de esa región. Finalmente, la fórmula por la que optó la Asamblea de esa comunidad a propuesta del PP para instar al Gobierno a satisfacer esta reivindicación fue la de un “Estatuto que reconozca la singularidad de la profesión médica”. Esta iniciativa, no en vano, no tiene recorrido legal más allá de posicionarse y reclamar al Gobierno central.
Donde sí tendrían potestad de entrar las comunidades es en la creación de canales de interlocución específicos y exclusivos con los médicos para negociar sus condiciones laborales. Sin embargo, la fórmula que ha planteado el Ministerio de crear mesas de negociación autonómicas carecen, a juicio de los sindicatos médicos, de garantías jurídicas suficientes para tener poder de negociación real y efectivo.
El Comité de Huelga ve un riesgo de “bloqueo por parte de los sindicatos generalistas” en base al Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que las mesas sectoriales “dependerán de las mesas generales de negociación”.
La organización de los turnos y la realización de guardias es un tema de profundo debate entre los propios facultativos. La realidad es que el salario que perciben los médicos está fuertemente condicionado por la realización de guardias, por lo que muchos de ellos no quieren que la reducción de las guaridas suponga un menoscabo a sus nóminas. El Comité de Huelga llegó a plantear que la realización de guardias fuera voluntaria, algo que el Ministerio consideraba inviable. Sin embargo, en la última contrapropuesta de los sindicatos no se hacía alusión a esta petición.
El Ministerio propone limitar a un máximo de 17 horas las guardias, garantizando los descansos anterior y posterior sin deuda horaria, con posibilidad de aumentarlas de forma voluntaria y sujeta a un informe de riesgos laborales.
Las comunidades tienen también la facultad de pactar una reducción de estos límites y diseñar otros modelos de organización de turnos. Otro de los aspectos clave es la remuneración de estas horas de guardia, que los sindicatos reclaman que se haga, al menos, al mismo precio que las horas de jornada ordinaria. Este fue un aspecto que incluyó el Ministerio en uno de los borradores del Estatuto, pero esta medida fue eliminada a petición de las propias comunidades, por considerar que suponía una invasión de sus competencias.
En lo que se refiere al salario, la competencia es autonómica, por lo que las Consejerías tienen también toda la potestad de atender las reclamaciones de los médicos para recuperar la integridad de los complementos salariales, recortadas desde hace más de una década. Ejemplo de ello son Andalucía y Castilla-La Mancha, que en los últimos meses han alcanzado sendos acuerdos para recuperar el complemento de carrera profesional.
Otra de las grandes reivindicaciones de los sindicatos médicos en esta huelga, donde las comunidades tienen todo el margen de maniobra, es el establecimiento de límites horarios inferiores para los médicos a los que recoge el Estatuto Marco. La propuesta del Comité de Huelga pasa por el establecimiento de la jornada de 35 horas semanales, al igual que para el resto de profesiones sanitarias.
Los sindicatos médicos también han llevado los paros a las puertas de las Consejerías para tratar este y otros asuntos, en convocatorias de huelga paralelas al llamamiento a nivel nacional.
En Asturias han tomado nota de esta reclamación y el servicio de salud autonómico ha abordado su implementación en una reunión con el sindicato Médicos del Sespas, aunque desde esta organización han mostrado su “decepción” por el momento. En la Comunidad Valenciana, la Consejería hará lo mismo el próximo 4 de mayo con un encuentro al que ha citado a los convocantes de la huelga para discutir este punto.
Además de estas cuestiones, entre las demandas de los médicos hay otros tres puntos que son competencia directa estatal y donde no pueden actuar las comunidades a iniciativa propia: la clasificación profesional, el acceso a la jubilación parcial y anticipada y el reconocimiento a la penosidad del ejercicio médico.