Patronales y colegios profesionales centran sus propuestas a la ley del medicamento en la protección de la industria y la seguridad del paciente

Mientras la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios aguarda su turno para llegar a las Cortes tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros, las reacciones entre los agentes del sector no se han hecho esperar. Patronales y colegios profesionales han sido las primeras entidades en valorar la norma tras el visto bueno del Gobierno al texto, reconociendo avances, pero también reclamando diversas mejoras para sus respectivos sectores. 

Una de las entidades que ha acogido la normativa con más entusiasmo es la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), en tanto que recoge “reivindicaciones históricas” del sector. Para la patronal, la creación de un marco normativo propio para las tecnologías sanitarias planta las bases para una mejora de la competitividad de las empresas y atraer la inversión en el sector a España. Uno de los aspectos clave que resaltan es el mayor peso que se otorga a los criterios de calidad en la evaluación de las tecnologías, al considerar que puede servir para promover un sistema de incorporación de tecnologías basado en valor y no tan centrado en aspectos puramente económicos. 

No en vano, solicitan que el proceso de tramitación parlamentaria sirva para introducir otras reivindicaciones pendientes de las compañías del sector, como la indexación de contratos públicos al IPC. En líneas generales, consideran que se trata de un proyecto “positivo y necesario” que debe servir para mejorar la eficiencia en la incorporación de la innovación tecnológica y el suministro de equipamientos y servicios. 

La patronal de genéricos ve que “no resuelve presión a la baja sobre los precios”

Además, desde Fenin apuntan que la norma va encaminada a reforzar la autonomía estratégica para el sector. Una visión que no comparten desde la patronal de genéricos, pues consideran este aspecto como la principal laguna en la normativa en lo que atañe a su sector. Para Aeseg, la ley se aleja del espíritu de las reformas legislativas que promueve la Unión Europea. “Mientras la política farmacéutica europea está evolucionando hacia una estrategia orientada a reforzar la autonomía estratégica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la capacidad industrial europea, la normativa española sigue manteniendo un fuerte énfasis en los mecanismos de reducción de precios”, apuntan desde Aeseg en un comunicado. 

La industria de genéricos lleva tiempo denunciando la falta de rentabilidad para las compañías a la que aboca el sistema de financiación una vez se introducen los fármacos genéricos en el mercado. La presión a la baja sobre los precios, como “principal desafío” para la industria, es una cuestión a la que el proyecto de ley “no resuelve plenamente”.

Aunque valoran positivamente la creación de la categoría de medicamentos estratégicos, que permitirá a las administraciones y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tomar medidas regulatorias y económicas para garantizar la continuidad del suministro, ponen el acento en la necesidad de reconocer expresamente que existan condiciones económicas que lo favorezcan. 

Por otro lado, consideran el establecimiento de un sistema de precios dinámicos -que vincula la revisión de precios de los genéricos a su cuota de penetración de mercado- como el principal avance que plantea esta normativa, en tanto que lo ven un sistema “más compatible con la necesidad de fomentar una competencia gradual y ordenada”.

No obstante, consideran que existe “margen de mejora para reforzar aspectos relacionados con la previsibilidad del sistema de precios, la sostenibilidad económica de los medicamentos genéricos, la seguridad de suministro

La profesión médica analizará el reparto de responsabilidades en materia de prescripción

Una de las cuestiones que más revuelo ha generado desde que se iniciara el desarrollo de la ley del medicamento fue el reconocimiento de la facultad de prescripción “dentro de sus competencias” a profesionales de enfermería y fisioterapia. La Organización Médica Colegial (OMC) y otras sociedades científico-médicas presentaron alegaciones en contra de este aspecto, centradas en determinar un reparto claramente delimitado de responsabilidades.

En una valoración preliminar, la OMC ha anunciado que analizará si el texto se ha hecho eco de sus propuestas para ofrecer una valoración. Desde el organismo subrayan que todas las aportaciones que presentaron en la fase de consulta pública perseguían un objetivo común: “reforzar la protección del paciente, la calidad asistencial y la seguridad clínica”.

Los representantes de los médicos insisten en que el acto de prescripción es “inseparable del diagnóstico, la indicación terapéutica, el seguimiento y la responsabilidad asistencial del médico”, por lo que comprobarán si el texto definitivo “diferencia con claridad las funciones de prescribir, indicar, dispensar o autorizar medicamentos”. 

Los farmacéuticos ven una excesiva responsabilidad de los pacientes en la elección de su tratamiento

Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), si bien “avances importantes” respecto a la versión del texto que llegó en primera ronda al Consejo de Ministros, consideran que aún quedan “mejoras relevantes por incorporar”. Como la principal, el CGCOF muestra una especial preocupación por el sistema de dispensación, al “trasladar al paciente la responsabilidad de elegir el medicamento concreto dentro de una agrupación homogénea que puede ser muy amplia”.

Este nuevo sistema permitirá al paciente elegir entre los medicamentos que el sistema público que financia, “una decisión técnica con implicaciones clínicas que debe realizarse con el acompañamiento de los profesionales sanitarios”, apuntan desde el Colegio.

El Colegio ve con buenos ojos la incorporación de la atención farmacéutica domiciliaria para dispensar medicamentos a personas vulnerables, además del mayor reconocimiento a la labor asistencial de los boticarios. Sin embargo, a juicio de la entidad, la norma “desaprovecha una oportunidad estratégica” con una regulación específica de los servicios asistenciales farmacéuticos, algo que consideran que contribuiría a fomentar la equidad en todo el territorio. 

En cuanto al sistema de precios, consideran que, a pesar de ser mejor que el inicialmente planteado, su complejidad “puede dar lugar a diferencias económicas entre pacientes con las mismas necesidades clínicas y favorecer la aparición de copagos inevitables”.

Otro aspecto conflictivo para el CGCOF son las denominadas reservas singulares de dispensación. Desde la entidad critican que la futura ley agrava el problema de acceso a medicamentos en estas circunstancias, que ciñen el acceso a los fármacos incluidos en esta categoría a la dispensación hospitalaria por razones que consideran “organizativas o económicas y no por criterios clínicos”. De esta forma, instan a aprovechar la capacidad asistencial y la accesibilidad de la red de farmacias para evitar desplazamientos innecesarios.

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