Los optometristas temen “la ruina del sector óptico” con la financiación pública de gafas y lentillas

La última comparecencia de la ministra Mónica García en la Comisión de Sanidad del Congreso permitió entrever la hoja de ruta que plantea su departamento de cara a esta legislatura, dejando algunas incógnitas en lo relativo a nuevas medidas como la financiación de gafas y lentillas por parte de la Seguridad Social. La ministra hizo este anuncio con la voluntad de implantar esta medida “a lo largo de la legislatura”, sin especificar el alcance ni de qué forma se haría efectiva, por lo que se desconoce qué grupos de población o bajo qué requisitos podrían acogerse los ciudadanos a esta bonificación para gafas y lentes de contacto.  

Medicina Responsable se ha puesto en contacto con el ministerio para aclarar estas dudas, pero afirma que se trata de una medida “en fase de estudio y se llevará a la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación, sin poder estimar aún plazos concretos”.

Preocupación por el impacto económico

Esta noticia ha despertado las reticencias de la Asociación Española de Optometristas Unidos (AEOptometristas), que ven la medida con “considerable preocupación”. Su presidente, Alfonso Copano, reconoce en declaraciones a Medicina Responsable que, aunque se trata de una medida “bienintencionada”, podría repercutir negativamente sobre la situación financiera de los negocios ópticos “de no estar bien diseñada y cuidadosamente implementada”. Para Copano, “la preocupación principal radica en que una financiación pública mal gestionada podría llevar a una disminución forzada en los precios, afectando negativamente a las empresas del sector”, expone Copano. 

Para explicar su postura, lo compara con el ejemplo de las farmacias, “donde políticas similares han llevado a una situación financiera asfixiante. Tememos que la intervención del gobierno en la fijación de precios y la financiación conduzca a una reducción de los márgenes de beneficio y a una mayor presión sobre las ópticas. Desde nuestra perspectiva, esta iniciativa podría ser la ruina para el sector óptico” y alerta de que este riesgo podría traducirse en cierre de establecimientos y pérdida de empleos en el sector.

La ministra ha defendido que la medida busca que “la gente no tenga que echar mano a su bolsillo cuando necesite una prestación”, pero no ha aclarado cómo se sufragarían los costes de esta medida ni el impacto económico previsto. Esta medida se sumaría a otras ampliaciones de la cartera de servicios de la Seguridad Social, como las prestaciones de salud bucodental, para engrosar un presupuesto que en 2023 experimentó un aumento del 7,3% respecto al año anterior. 

Copano reclama la consulta a los actores del sector como elemento “crucial” para el desarrollo de cualquier política,para asegurar “no solo que se cumpla con los objetivos sociales, sino que también se preserve la salud financiera de la industria óptica”. 

Como alternativa, desde la AEOptometristas sugieren canalizar estos fondos a través de subsidios de los servicios sociales. Aunque reconocen “la importancia de apoyar a las personas con necesidades visuales”, consideran más efectivo que esta gestión se hiciera a través de los consistorios: “A través de los servicios sociales, los ayuntamientos podrían gestionar directamente el apoyo, asegurando que llegue a aquellos que realmente lo necesitan sin comprometer la viabilidad económica del sector óptico”, argumenta el optometrista.

Voces a favor

Una preocupación que, sin embargo, no comparten desde la asociación Visión y Vida, formada por empresas del sector óptico en España, la cual celebra la propuesta de incluir gafas y lentillas entre las prestaciones de la Seguridad Social. “Nos parece estupendo”, asegura la óptico-optometrista y coordinadora de la asociación, Elisenda Ibáñez. La óptico-optometrista espera que la medida llegue a buen puerto, aunque reconoce la necesidad de “analizar bien y delimitar el nivel de ayuda” para las personas que lo necesitan. 

Un informe elaborado por esta asociación sobre la “pobreza visual infantil”, cifra en 760.000 el número de menores en España cuyos padres no pueden costearles unas gafas. Esto, asegura la coordinadora de Visión y Vida, se relaciona con uno de cada tres casos de fracaso escolar. “Todo el mundo tiene derecho a la salud visual”, concluye la óptico-optometrista.

Sobre la inclusión de los servicios de atención temprana, Ibáñez señala que los colegios de optometristas de algunas comunidades han llegado a acuerdos con las administraciones para recibir pacientes derivados de la seguridad social, una labor para la que reclama el debido reconocimiento. “Lo que se viene haciendo es ayudar gratuitamente a estos pacientes, no tiene ningún honorario. Nunca podemos hacer un diagnóstico, porque es competencia del médico, pero ante la saturación en muchos centros sanitarios, algunos pacientes vienen derivados de la Seguridad Social con problemas de salud visual”. De esta forma, asegura Ibáñez, “lo que estás haciendo es disfrazar el problema” por lo que insta a que este plan se instaure con una financiación efectiva a cargo de la Seguridad Social.

Datos económicos del sector

La última edición del Libro Blanco de la Visión en España, elaborado por la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico en colaboración con la Asociación Visión y Vida, revelaba que un 70% de la población española necesita equipamientos ópticos para ver bien en su día a día. 

Según se detalla en este informe, el sector de la óptica logró recuperar los niveles prepandémicos en cuanto a volumen de ventas, cerrando el año 2022 con un global de 1.918 millones de euros, lo que supone un aumento de más del 4% respecto al año anterior. Sin más precisiones de Sanidad sobre qué grupos estarían incluidos resulta difícil hacer estimaciones, pero estas cifras dan una idea de la magnitud de este asunto.

En un proyecto de Ley presentado en el parlamento andaluz la semana pasada, el grupo Adelante Andalucía recogía una propuesta a nivel Estatal para sufragar los costes de las gafas para menores de edad, cifrando el impacto económico en unos 260 millones de euros en todo el país, según recoge la memoria económica de la propuesta. 

A falta de saber cómo pretende el ministerio materializar esta medida, el posible impacto económico está por determinar, y con él, las posturas de los distintos agentes del sector.

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