Por Juan García
30 de abril de 2025La Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) ha formalizado el último paso para la renovación de su concierto sanitario durante los próximos tres años con la firma del nuevo convenio. Este nuevo concierto entrará en vigor el miércoles 1 de mayo, cubriendo la asistencia sanitaria de más de un millón de usuarios entre titulares (734.000) y beneficiarios (280.000), a los que se suman otro medio millón de funcionarios que optan por estar cubiertos por la sanidad pública.
Las aseguradoras Asisa y Adeslas, como únicas concurrentes tras la retirada de DKV, contarán con una financiación que supera los 4.800 millones de euros, un 41,2% más por mutualista durante los tres años. Los mutualistas dispondrán de una ventana extraordinaria durante todo el mes de mayo para decidir entre estar cubiertos por la sanidad pública o una de las aseguradoras, una decisión que será obligada para los 200.000 funcionarios cubiertos hasta ahora por DKV.
Este nuevo concierto incorpora importantes novedades, algunas de las cuales fueron reclamadas por las aseguradoras durante la negociación de renovación. Una de estas demandas del sector asegurador fue el establecimiento de un mecanismo de compensación de pérdidas económicas ante circunstancias imprevistas, algo que justificaban en base a las pérdidas que les había ocasionado mantener la asistencia durante este último concierto con los vaivenes económicos de la pandemia y la guerra de Ucrania.
Otra de las grandes preocupaciones en materia de financiación para las aseguradoras es el envejecimiento de la cartera de mutualistas, al cual el Gobierno ha dado respuesta con una nueva estructura de primas incremental en función de los tramos de edad.
Además, como novedad, se permitirá a los mutualistas cambiar de entidad sanitaria dos veces al año durante dos ventanas en enero y junio. Hasta ahora, los funcionarios podían elegir libremente entre sanidad pública y privada una sola vez a comienzos de año, mientras que este año tendrán hasta tres ocasiones sumando la extraordinaria de mayo y la nueva ordinaria de junio.
Por último, se establece la creación de la Comisión de Prestaciones y Calidad Asistencial del concierto. Sus funciones consistirán en informar a las entidades sobre los proyectos normativos u otras disposiciones que afecten al contenido de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud; establecer guías o protocolos de indicación comunes para determinadas técnicas, tecnologías o procedimientos, así como realizar estudios de áreas de mejora de procesos que impacten en la calidad asistencial.
Las entidades deberán remitir a Muface en el primer semestre del año siguiente un informe detallado y auditado externamente del coste anual efectivo del servicio derivado del concierto.
Desde que a finales de octubre del pasado año se filtrara la propuesta económica de renovación, la financiación ha estado en el centro de la discordia. Esa primera oferta filtrada, que recogía un incremento de la prima del 24% por mutualista, despertó las críticas de la sanidad privada por considerarla “insuficiente” tras las pérdidas acumuladas. Finalmente, las condiciones de licitación lanzadas por el Ejecutivo se quedaron por debajo de esa cifra, con una subida del 17%. Aunque el Gobierno defendió que se trataba de una subida “histórica” de la prima, con una cifra récord, las aseguradoras no tardaron en mostrar su descontento y reclamar un aumento de la financiación. Desde ahí comenzó un pulso entre la Administración y estas compañías que se saldó con la negativa de ninguna aseguradora a concurrir, dejando la licitación desierta. Una segunda oferta con una subida del 33% fue desestimada, hasta alcanzar la cifra final del 41,2%.
Asisa fue la única compañía en mantenerse dentro de los cauces de negociación, tras el anuncio de Adeslas y DKV de que dejarían de prestar asistencia a los funcionarios de Muface. Finalmente, Adeslas volvió a apuntarse a la licitación con la última oferta, aunque DKV, la única compañía que había puesto cifra a su petición de aumento de la prima, descartó su concurrencia a la renovación
Paralelamente a esta pugna, en el seno del Gobierno de coalición también expresaron sus discrepancias sobre cómo abordar el futuro de la mutualidad, con los representantes de Sumar (partido político de la ministra de Sanidad) abogando por la migración de los funcionarios a la sanidad pública por considerar Muface un modelo “anacrónico” y acusando a las aseguradoras de derivar los pacientes más costosos a la sanidad pública.
El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López (PSOE), como responsable de la negociación de Muface, mantuvo desde el primer momento su confianza y su voluntad de sacar adelante un acuerdo y mantener el modelo de mutualismo administrativo, que desde su socio del Gobierno abogan por eliminar.
Entre tanto, el Ejecutivo tuvo que decretar sendas prórrogas del concierto mientras se negociaba la renovación, que finalizó oficialmente el 31 de diciembre del pasado año. En este contexto de incertidumbre, los sindicatos de funcionarios han venido denunciando retrasos y anulaciones de citas médicas por parte de las aseguradoras.