El momento clave para Muface: renovación o liquidación

El Gobierno y las aseguradoras están quemando sus últimas cartas para resolver el futuro de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface). El próximo 15 de enero es el plazo límite que tienen estas compañías para decidir si participan en el concierto tras la nueva oferta del Ejecutivo, por lo que ambos actores pueden estar ante un escenario de todo o nada. Las dos partes han reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo, aunque la discrepancia sobre la oferta económica ha llevado la negociación a un punto crítico, a menos de un mes de que finalice el periodo de cobertura sanitaria para un millón de funcionarios cubiertos por Muface y que optan por tener su asistencia sanitaria con aseguradoras privadas. 

Sumar propone acabar con Muface

La incertidumbre entre estos mutualistas y los sindicatos ha ido creciendo a medida que se acerca la fecha límite, quienes exigen un acuerdo que garantice el futuro de su cobertura sanitaria. Entretanto, la discrepancia en el seno del Gobierno ha sido algo recurrente desde que se desatara esta crisis. Mientras que el Ministerio de Función Pública, el responsable de la negociación, ha defendido la necesidad de llegar a un acuerdo de renovación, desde Sanidad se han mostrado partidarios de la migración completa de estos funcionarios a la sanidad pública. 

El Ministerio que dirige Mónica García no tiene competencias sobre este asunto, aunque tanto la propia García, como su secretario de Estado, Javier Padilla, abogan por esta vía. Padilla ha calificado como anómalo el modelo actual de la mutualidad y señala que supone “un perjuicio y no un privilegio” para los funcionarios, mientras que desde el Ministerio señalaban en un informe que la opción de acabar con Muface era tanto “viable como razonable”. El partido al que pertenecen ambos, Sumar, registró una proposición no de ley para pisar el acelerador y aprovechar el momento actual para extinguir el modelo de Muface, como preludio a las otras mutualidades existentes para militares y Guardia Civil (ISFAS) y la judicatura (Mugeju).

Esto supondría que fuera este Ministerio y, sobre todo, las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, los responsables de asumir el aumento de la demanda asistencial provocada por la incorporación de estos pacientes al sistema público. Es por ello que las autonomías gobernadas por el Partido Popular han mostrado su rechazo a esta propuesta y critican la ambigüedad del Gobierno en este asunto por el choque entre el ala socialista del Gobierno y el partido de la ministra de Sanidad. Algunos consejeros han expresado que su sistema sanitario no tendría capacidad para asumir esta remesa de pacientes, afeando al Ministerio que delegue en ellas la responsabilidad de su decisión. 

Preocupación por la continuidad asistencial

Desde Muface y Función Pública han defendido desde un primer momento la posibilidad de establecer una prórroga forzosa del actual convenio, aunque el desconcierto y la indignación ha ido creciendo entre los funcionarios y los sindicatos a medida que se ha ido acercando la fecha límite. La subida de la oferta establece una subida de la prima del 33,5% en tres años, tras quedar desierta la anterior licitación que ofertaba una subida del 17% en dos años.

Son tres las aseguradoras que actualmente prestan atención sanitaria a los funcionarios de Muface: Adeslas, DKV y Asisa. La compañía mayoritaria, Adeslas, ya ha anunciado su renuncia a presentarse al nuevo concierto, argumentando que su renovación les supondría pérdidas económicas por valor de 250 millones de euros. Además, esta compañía considera que el modelo actual es “económicamente insostenible”.

Mientras las otras dos aseguradoras siguen valorando las condiciones de la nueva oferta, la marcha de Adeslas deja un importante agujero en Muface que deberá ser asumido por las otras compañías o por un mayor volumen de usuarios en la sanidad pública. Un 47% de los usuarios de Muface atendidos por la sanidad privada lo hacen con esta compañía, por lo que a finales de mes estos funcionarios pasaran a cambiar su cuadro médico habitual de especialistas y de cabecera.

Una situación que preocupa a muchos mutualistas, por dejar de ser atendidos por los facultativos que llevan años tratándoles y la pérdida de la continuidad asistencial que supone. A ello se suman los pacientes con patologías graves, que temen que su condición les impida que una compañía asuma su póliza sanitaria. 

Frente al desconcierto generado por la negativa de Adeslas, desde el sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, exigen al gobierno una reunión “del más alto nivel” para “analizar la situación de la sanidad de nuestros funcionarios”. En esta línea, solicitan al Ejecutivo conocer “los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto”. Aunque tras publicarse la primera licitación, desde este sindicato se unieron a las aseguradoras para criticar la insuficiencia de la oferta económica, a estas compañías les exigen “máxima responsabilidad” y “que no abusen de su situación”. 

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