Médicos y pacientes presentarán alegaciones contra la ley del medicamento

El sector sanitario ha recibido con gran recelo las novedades introducidas por el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. El rechazo de los médicos a aspectos como la prescripción por parte de enfermeras y fisioterapeutas (frente al entusiasmo con el que ha sido recibido por estas profesiones), junto con la discrepancia conjunta de facultativos y farmacéuticos sobre la capacidad de estos últimos de sustituir medicamentos ante situaciones de desabastecimiento, han llevado a entidades del sector a presentar alegaciones contra esta norma.

Por otro lado, el nuevo sistema propuesto por el Ministerio de Sanidad para la financiación de fármacos con fondos públicos ha generado gran rechazo por parte de la industria, desde donde piden la retirada de este artículo, el denominado sistema de precios seleccionados. Las patronales del sector entienden que este mecanismo pone en peligro el abastecimiento de medicamentos y podría agravar los problemas de suministro ya existentes. 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha mostrado su rechazo a la implantación de la prescripción enfermera por entender que “puede comprometer la seguridad de los pacientes”. Desde Semergen confirman a Medicina Responsable que presentarán alegaciones al documento de Sanidad, abierto a fase de consulta pública, también por la capacidad de sustitución de medicamentos por parte de los farmacéuticos. La sociedad considera que son competencias “exclusivas” de la profesión médica y que no deben ser “suplantadas” por otros profesionales, aunque defienden la colaboración entre sanitarios a través de “equipos multidisciplinares”.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes critica que se centre en “criterios de ahorro económico”

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) también han anunciado que presentarán alegaciones al anteproyecto, centrando sus críticas en el sistema de precios seleccionados y la prescripción y sustitución de fármacos.

En un comunicado, la POP advierte que la modificación del sistema de precios añade “nuevas capas de complejidad a los problemas ya existentes como los desabastecimientos de medicamentos y otros productos sanitarios, que afectan especialmente a las personas con enfermedades crónicas”. Por ello, lamentan que el planteamiento de este nuevo sistema se centre en “criterios de ahorro económico”, además de ver una “oportunidad perdida” para reforzar determinados aspectos como “el uso seguro de los fármacos, la adherencia terapéutica o las mejoras en la práctica clínica y la prescripción”.

Desde la POP ven que de esta forma se establece una política de precios “agresiva” que genera “incertidumbre sobre cómo se garantizará el suministro de medicamentos”, por lo que piden que se establezca un modelo “más flexible” para asegurar el acceso de los pacientes a las terapias.

En una línea similar, también critican que la nueva regulación de la dispensación y sustitución de medicamentos en farmacia comunitaria se basa “exclusivamente en criterios de ahorro sin tener en cuenta las necesidades los pacientes”.

Desde esta organización señalan que ambas medidas perjudicarían especialmente a pacientes crónicos, pluripatológicos y personas mayores. Así defienden que “a relación con el médico constituye un pilar esencial” para estos pacientes, por lo que consideran que “abrir la prescripción a otros profesionales en este tipo de pacientes, que ya están atendidos por múltiples especialistas, no solo parece una medida con escaso impacto real, sino que también podría aumentar el riesgo en el proceso de prescripción”.

Sistema de precios seleccionados

El sistema actualmente en vigor establece que, cuando entran los medicamentos genéricos al mercado de una determinada terapia, para contar con financiación pública, los medicamentos de marca deben igualar la bajada de precio que realicen las compañías de genéricos. Esta situación da lugar a una competencia agresiva que en algunos casos lleva a la eliminación de proveedores, aumentando la fragilidad y la dependencia de las cadenas de suministro. 

Esta legislación española es una excepción en Europa, siendo el único país que no permite la diferenciación de precios entre marca y genéricos. Por ello, la reforma de este sistema era una de las prioridades para el Gobierno y la industria, aunque la forma en que propone hacerlo Sanidad ha contado con la oposición frontal del sector farmacéutico.

El sistema de precios seleccionados establece una horquilla de precios para los medicamentos que serán financiados por la sanidad pública, a través de ofertas ciegas realizadas por las compañías. Estas agrupaciones de medicamentos seleccionados serán revisadas cada seis meses, permitiendo a los pacientes optar por otra opción terapéutica si abonan la diferencia entre el mínimo de esa horquilla y el que la marca haya establecido. 

Este sistema ha despertado el temor de la industria, por entender que establecería una presión a la baja sobre los precios que dificulta el abastecimiento y la producción sostenible en suelo nacional y europeo, otra de las prioridades de la ley del medicamento. Desde el Ministerio han defendido el sistema propuesto, aclarando que esta regulación está diseñada para los momentos iniciales tras la introducción de medicamentos genéricos y no para “otros momentos del ciclo de vida del medicamento” en los que se dan esas bajadas de precio que llevan a la retirada de proveedores. Además, resaltan que para esos casos permitirán un incremento del precio de medicamentos críticos.

---