Ley de Universalidad del SNS: “Si no se reorganiza el sistema, tendríamos un problema”

Tras dos años en el cajón, la propuesta de hacer una Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha sido retomada por el último Consejo de Ministros con el objetivo de "seguir ampliando la cobertura sanitaria a más ciudadanos", según detalló Mónica García durante su presentación, entre los que se incluyen inmigrantes en situación irregular, españoles residentes en el extranjero o extranjeros que vienen por reagrupación familiar. 

El presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), José Soto Bonel, señala a Medicina Responsable que esto se traduciría en un aumento de la demanda asistencial: “Cuando hay más población a la que atender, lógicamente el número de actos sanitarios crece”. El proyecto de ley también incluye específicamente a solicitantes de asilo o a las víctimas de trata de seres humanos cuya presencia en España haya sido aprobada. La ministra de Sanidad declaró que, de esta forma, “no se le niega nunca a ninguna persona la asistencia sanitaria”. 

Si bien la atención de urgencia ya se realizaba a todos estos grupos, ahora esta atención se extiende a la Atención Primaria (AP) para “todas las personas residentes en España, independientemente de su situación administrativa” con cargo a los fondos públicos. Esta atención, en el caso de las personas que no tienen regularizada su situación, se podrá prestar con la presentación de una declaración jurada en la que manifiesten que no pueden exportar el derecho de cobertura sanitaria de sus países de origen y que no existe un tercero que esté obligado al pago de la atención recibida.

El presidente de Sedisa apunta que, para hacer frente a este nuevo escenario desde el punto de vista de la gestión, es necesario “optar por aumentar la financiación o aumentar la eficiencia, es decir, menores costes para producir lo mismo” ante la ampliación de la cobertura sanitaria. Soto Bonel considera que “si no se reorganiza el sistema, tendríamos un problema, porque aumentarían los costes”.

A su juicio, esta reorganización requeriría buscar alternativas a la atención sanitaria, como reforzar “el papel de la AP, de los servicios de urgencias, la atención domiciliaria o la atención por videoconferencia”. El presidente de esta sociedad apunta que es necesario plantearse estos debates sobre los cambios que necesitaría el sistema sanitario, así como la aportación de la sanidad privada, ya que, de cara al futuro “no parece que vayamos a contar con políticas presupuestarias expansivas en la situación en la que estamos en Europa”.

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