El Consejo de Ministros aprueba la prohibición del despido automático por incapacidad permanente

La reunión del Consejo de Ministros de este miércoles ha dado luz verde a la modificación del artículo 49.1 del Estatuto de los trabajadores, de manera que pasará a prohibirse el despido automático por incapacidad permanente. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo. 

Díaz afirma que el objetivo de este cambio regulatorio es “corregir la discriminación y evitar que la definición de persona discapacitada en el mundo del empleo lleve consigo la extinción automática de la relación laboral”. Una circunstancia que se venía produciendo hasta ahora y que, según ha señalado la ministra, supone “la muerte civil” para muchas personas con discapacidad. De esta forma, se incluirá la posibilidad de que el trabajador, si así lo quiere, pueda exigir a su empresa que intente adaptar su puesto de trabajo. Una vez comunicada esa intención, la empresa dispondrá de tres meses para reubicar al trabajador y finalmente, si no es viable, extinguir el contrato.

Esta aprobación nace motivada por la demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a quien la ministra mostró su compromiso el pasado viernes con esta medida. Díaz ha señalado que nuestro país estaba “violentando la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por materia de discriminación con las personas trabajadoras con discapacidad” al efectuar estos despidos.

La ministra ha explicado que esta regulación recoge el “carácter voluntario” de la persona con discapacidad para decidir si continua en su puesto de trabajo y, “si quiere permanecer, lo que tenemos que hacer es adaptar ese puesto de trabajo”. De esta forma, según detalla la ministra, la norma recoge “los criterios y las distinciones” sobre cómo hacer la adaptación de los puestos de trabajo “en función del tamaño de las empresas, incluyendo la posibilidad de recibir ayudas públicas para acometerlo”.

Según los datos aportados por la ministra, tan sólo el 35,3% de las personas con discapacidad forman parte de la población activa, con 327.300 trabajadores con discapacidad. Con esta medida, Díaz ha defendido que se “ensancha” el mandato constitucional de ofrecer las coberturas propias de un “Estado social”.

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