El Gobierno tiene previsto aprobar este año las leyes de Medicamentos y Productos Sanitarios y de Gestión Pública

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes que el Gobierno tiene previsto aprobar 179 propuestas normativas en el año 2026, entre las que ha incluido la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Ley de Gestión Pública e Integración del Sistema Nacional de Salud. "La legislatura suma y sigue", ha afirmado.

Así lo ha avanzado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro en la que, entre otros asuntos, ha presentado a los medios el Plan Anual Normativo, que recoge las principales medidas que impulsará el Ejecutivo de cara al próximo año. En concreto, Bolaños ha señalado que el plan para 2026 incluye 179 nuevas propuestas normativas, de las cuales 10 son leyes orgánicas, 38 son normas ordinarias y 131 son reales decretos. Asimismo, el 31% de las normas que se aprobarán son incorporaciones al derecho nacional de normativa europea.

El ministro también ha avanzado que el grado de ejecución del Plan Anual Normativo del año 2025 es "muy alto": un 36,18% de normas aprobadas y un 46,23% en tramitación avanzada.

Medicamentos

La Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios es una de las medidas estrella del proyecto de legislatura del Ministerio de Sanidad y, con ella, que modifica la Ley de Uso racional de medicamentos de 2015, Sanidad busca modernizar la política farmacéutica nacional para adaptarla al contexto actual de la industria y las modificaciones legislativas de la Unión Europea en esta materia. Entre los puntos clave de esta nueva ley se incluyen la modificación del sistema de precios de referencia para la financiación pública de fármacos (para permitir a las marcas vender a un precio mayor que los genéricos), o la revisión de los tramos de copago farmacéutico.

Una de las medidas más solicitadas por la industria farmacéutica, según reconoció en su día el propio Padilla, es la modificación del sistema de precios de referencia para la financiación de fármacos por parte de la sanidad pública. España es actualmente el único país de Europa que cuenta con un sistema de este tipo pero que no permite la diferenciación de precios entre medicamentos genéricos y de marca, por lo que el borrador establece como novedad la “convivencia de diferentes medicamentos a diferente precio dentro de un mismo conjunto de precios seleccionados”.

La entrada de los medicamentos genéricos en el mercado conduce a la creación de las llamadas agrupaciones homogéneas, en las que los fármacos comparten el mismo precio para todas las opciones terapéuticas. Con esta modificación, se permitiría a las marcas vender más caro que los genéricos, dejando que los pacientes elijan qué opción terapéutica prefieren, abonando de su bolsillo la diferencia de precio sobre el precio de referencia.

Otra novedad incluida en el borrador afectaría directamente a las competencias de los profesionales de las oficinas de farmacia, permitiéndoles la sustitución de fármacos ante casos de “desabastecimiento o urgente necesidad”.

Según la información incluida en el borrador, el sistema de copago farmacéutico también se modificaría para incluir nuevos tramos de contribución con el objetivo de hacerlo “más progresivo”. De esta forma, los contribuyentes con una renta anual inferior a los 35.000 euros mantendrían el mismo porcentaje de aportación (40%) al comprar medicamentos en oficinas de farmacia, aplicando subidas por encima de ese umbral del 5%, con un nuevo tramo para quienes ingresen entre 60.000 y 100.000 euros anuales.

Los pensionistas con rentas superiores a 60.000 euros también se verían afectados por esta reforma, ya que, si antes se les aplicaba a todos un copago del 10%, los que ingresen por encima de esta cantidad pasarían a pagar lo mismo que el resto de personas con esos ingresos.

Ley de Gestión Pública

"Queremos poner un cerrojo, poner pie en pared en uno de los ámbitos más susceptibles de las malas prácticas en la gestión sanitaria, ya que su objetivo es consagrar la supremacía de la gestión pública en nuestro Sistema Nacional de Salud. Una cosa es el negocio y otra cosa es el ánimo de lucro obsceno, el ansia mercantil y otra cosa es el empeño especulador con la salud", comentó Mónica García, Ministra de Sanidad, durante el anuncio de la nueva Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud. 

Esta nueva norma pretende derogar la Ley 15/1997 y blindar la gestión pública directa en el sistema sanitario. García ha insistido en varias ocasiones que la intención es “blindar el servicio sanitario, no a los conciertos y concesiones, sino al lucro, corrupción y diferentes intereses que no tienen nada que ver con el artículo 43 de la Constitución”.  

Para ello, el primer paso es trabajar en un "manual de prácticas de no hacer”. "Siguiendo esta senda de la ruta del no hacer de la práctica clínica, vamos a elaborar esa guía de prácticas de no hacer en la contratación sanitaria. Si dentro de la Medicina tenemos un lema que se llama ‘ante todo no hagas daño’, también queremos materializarlo en el caso de los contratos, cerrar la puerta a esas malas prácticas alrededor de la contratación pública que lo que hacen es detraer los recursos que son tan necesarios para cuidar a nuestros pacientes".

El segundo objetivo de este Observatorio es "crear un mapa de riesgos dentro del Sistema Nacional de Salud destinado a identificar todos aquellos puntos críticos donde se concentran el fraude y la corrupción sanitaria". De esta manera, se seguirían los pasos de la red europea contra el fraude y la corrupción sanitaria.

Otras normas

Para 2026, el Ejecutivo incluye en su plan anual normativo los presupuestos generales del Estado, la financiación autonómica, la ley de crédito al consumo o la ley de modernización del sistema financiero. También habrá otras normas para "seguir avanzando con el Plan de Acción por la democracia", según ha explicado Bolaños, como la ley orgánica de integridad pública, la ley anticorrupción o la ley de publicidad en el sector público.

En materia de igualdad, el Gobierno tiene previsto aprobar la ley de violencia vicaria y de trata, que va a reunir "todas las formas de trata y de explotación humana". También se dará luz verde a otras normas relacionadas con el empleo, como la ley de democracia en la empresa, la ley de prevención de riesgos laborales, que fue en primera vuelta la semana pasada, la de mejora de condiciones laborales de trabajo en plataformas o la ley de consumo sostenible.

En materia de justicia, el Gobierno quiere impulsar la ley de asistencia jurídica gratuita, "que sustituirá a la de 1996, que ha quedado obsoleta", según el ministro; o la ley de protección al derecho al honor, "cada día más necesaria". También se aprobará una norma para incorporar al derecho nacional la prueba digital.

Moncloa quiere desarrollar además la ley orgánica de juventud y derechos de las generaciones futuras y, en materia sanitaria, la ley de medicamentos y productos sanitarios, o de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud. El ministro también ha apuntado a la ley de inteligencia artificial, "que está ya muy avanzada por el ministerio competente y que pronto verá la luz en Consejo de Ministros".

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