El Gobierno se abre a negociar la subida salarial pendiente de este año para los sanitarios

El Ministerio de Función Pública se ha abierto a negociar una subida salarial para los empleados públicos, incluyendo los profesionales sanitarios, que permita desbloquear la congelación de las nóminas de este año. Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO valoran positivamente este anuncio, tras varias jornadas de movilizaciones por esta cuestión, aunque apuntan que aún no conocen el alcance real sobre las nóminas, por lo que supeditan la convocatoria de más protestas al desarrollo de la negociación. 

En concreto, la oferta que el Ministerio ha puesto sobre la mesa consiste en un acuerdo salarial de subida plurianual 2026-2028, incluyendo un aumento “diferenciado” para 2025, según los sindicatos, aunque estos señalan que no se han concretado cifras. Por ello, apuntan que este anuncio no sirve para “constatar la recuperación del poder adquisitivo perdido”. 

No obstante, el Gobierno sí habría dado una fecha a los sindicatos para aterrizar esta cifra: el próximo 19 de noviembre. El acuerdo salarial tendrá una parte económica fija y otra variable, de la que aún no se conocen más detalles, y servirá también para negociar otras cuestiones en materia de empleo público y mejora de las condiciones laborales.

Desde CSIF valoran la “voluntad del Ministerio” en esta negociación, aunque exigen que la subida de 2025 sea inmediata y con efectos retroactivos a enero de este año. Además, advierten que las próximas movilizaciones convocadas dependerán del resultado de esta negociación.

Este sindicato critica la “tardanza” con la que llega esta negociación, por lo que insta al Gobierno a aprobar un decreto revalorizar las retribuciones (como sucede en el caso de las pensiones y el salario mínimo interprofesional) más un porcentaje adicional que permita avanzar en el poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años.

Reclamaciones compartidas con la negociación del Estatuto Marco

Por otro lado, CSIF mantiene vivas otras reivindicaciones, como la adopción de medidas para acabar con las “desigualdades retributivas entre administraciones”, así como otras medidas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Entre estas se incluyen el establecimiento de la jornada de 35 horas en todo el territorio y la jubilación anticipada y parcial, unas demandas que han cobrado fuerza en el contexto de la negociación del Estatuto Marco. 

Además, piden instaurar otras medidas como la evaluación del desempeño, el teletrabajo, la movilidad o el complemento retributivo a la carrera profesional. También solicitan una revisión de los mecanismos de promoción interna, la homologación retributiva del personal laboral en el exterior y la actualización de las indemnizaciones por residencia y razón de servicio

En materia de empleo público, CSIF exige eliminar la tasa de reposición, agilizar los procesos selectivos y negociar un plan de choque que permita redimensionar las plantillas para poder prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía en los diferentes ámbitos de las administraciones públicas. Finalmente, también inciden en su defensa del modelo de mutualismo administrativo, exigiendo una cobertura sanitaria de calidad para los funcionarios que forman parte de Muface, Isfas y Mugeju. 

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