El Gobierno lanza una consulta pública para que las aseguradoras precisen a qué precio prestarían el servicio de Muface

El pulso entre las aseguradoras y el Gobierno por la renovación del concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) abre un nuevo capítulo. Desde el Ministerio de Función Pública han confirmado a Europa Press que este miércoles han lanzado en la plataforma de contratación pública una consulta preliminar para que las aseguradoras precisen a qué precio prestarían el servicio sanitario de Muface.

De esta forma, todas las compañías, tanto las que venían prestando el servicio de asistencia sanitaria en Muface (Asisa, DKV y Adeslas) como cualquier otra, podrán presentar por escrito el precio mínimo al que prestarían el servicio. Con esta consulta, se pedirá a las compañías que justifiquen el precio que estiman disponiendo de un plazo de diez días para hacerlo. Además, se pide a las aseguradoras que desglosen los costes estimados (directos, indirectos y eventuales) para alcanzar el precio de las primas deseadas.

Las negociaciones por el concierto de Muface venían dándose hasta ahora de forma privada, pero con esta fórmula, el Gobierno busca un proceso basado en la "transparencia, eficiencia y equidad". Con la información recabada a través de esta consulta, la intención es elaborar una nueva oferta de licitación.

A la espera de conocer oficialmente las condiciones de esta consulta, Medicina Responsable se ha puesto en contacto con fuentes del sector asegurador, pero por el momento no se pronuncian sobre este asunto. 

El futuro de Muface, en el aire

La pugna entre el Gobierno y las aseguradoras es de índole económica, tras no haber ninguna compañía que se presentara a la licitación correspondiente al periodo 2025-2026 por considerar insuficiente la oferta, dejando desierta la licitación por primera vez en la historia de Muface. En esta oferta se contemplaba una subida del 17% de la prima, pero se sitúa lejos de las demandas de las aseguradoras, que pedían una subida del 40%. Esta consulta prelimintar amplía el periodo de cobertura hasta el año 2027 aunque la licitación final podría plantear otro periodo temporal, dependiendo precisamente de la información que se recabe.

Desde el primer momento, la respuesta de Función Pública fue anunciar una nueva licitación y asegurar que la cobertura sanitaria de los funcionarios está garantizada. El concierto actual vence el 31 de enero del próximo año, pero la ley de contratos del sector público permite prorrogar el convenio actual durante nueve meses, de manera que el Gobierno gana margen para la negociación del concierto.

Sin embargo, aunque la postura de este ministerio es trabajar por la renovación, desde Sanidad mantienen abierta la puerta al fin del modelo de la mutualidad. Frente a los temores por las consecuencias de liquidar el modelo por la sobrecarga de pacientes para la sanidad pública que supondría, desde el departamento que dirige Mónica García difundieron un informe en el que consideraban esta opción tanto “viable como razonable”.

El informe también ponía en cuestión la propia viabilidad del modelo actual, por lo que el desacuerdo entre Función Pública y Sanidad hace avivar las dudas sobre el futuro de la cobertura sanitaria de los funcionarios.

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