Por Juan García
18 de noviembre de 2024Aunque el Gobierno ya anunció su intención de lanzar una nueva oferta de licitación tras quedar desierta la que realizó el pasado mes de octubre para la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), en los últimos días se han abierto nuevos escenarios que pasan por replantear o directamente acabar con el modelo actual de cobertura sanitaria para los funcionarios.
No es la primera vez que desde el Ministerio de Sanidad deslizan la posibilidad de que la sanidad pública absorba a este cupo de pacientes, aunque ahora, un informe del departamento que dirige Mónica García defiende abiertamente la viabilidad de esta opción. “El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”. Este informe analiza el impacto que tendría la incorporación de los usuarios de Muface al sistema público en caso de que no se adjudicara finalmente la cobertura. Su conclusión es que "el modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cuota per cápita".
El informe también valora incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, aunque considera que esta opción podría ser "insuficiente" ya que las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación. Una cifra que tachan de "insostenible" e "inequitativa" por suponer incrementos porcentuales que serían "impensables en el ámbito de la provisión pública directa".
En este momento, el Gobierno baraja una tercera opción, además de la nueva licitación o la liquidación del modelo de mutualistas, que sería la elección permanente por parte de los funcionarios. Actualmente, estos tienen la opción cada año de elegir y revisar su decisión entre cobertura pública o a través de Muface. El planteamiento del Ministerio de Función Pública, sumido en plena negociación con las aseguradoras por la nueva licitación, es que esta decisión sea irreversible, aunque desde las aseguradoras lo rechazan argumentando que “no podemos firmar contratos de por vida”.
Del millón y medio de funcionarios que pueden estar cubiertos por Muface, en torno al 30% ya se decantan por la sanidad pública, un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos años. Por ello, desde Sanidad defienden que la situación actual de desconcierto sobre el futuro de Muface puede suponer una “oportunidad” para que estos mutualistas se incorporen a la pública.
En base a todo esto, el informe apunta que “es el momento de abrir una reflexión sobre el modelo del mutualismo que se base en tres principios: transparencia, equidad y sostenibilidad”.
El informe elaborado por Sanidad acusa a las aseguradoras privadas de derivar pacientes no rentables económicamente al sistema público y apunta que el Sistema Nacional de Salud (SNS) “debería tener capacidad” para asumir a estos pacientes “con la adecuada gestión del proceso de transición”.
Aunque no apunta soluciones concretas, Sanidad señala en el informe que la solución para hacer frente a esta absorción de pacientes pasaría por transferir fondos a las comunidades autónomas para que hagan frente a esta remesa de pacientes.
La solución propuesta por el informe contempla la elaboración de un plan de transición para asegurar la continuidad en la atención, evitando duplicidades y garantizando calidad en los servicios. En este plan, señala el informe, destaca que se deberían identificar a los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que "precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público".
El informe muestra que, en términos generales, la incorporación de la totalidad de la población mutualista de Muface con aseguradora sanitaria privada supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública.
Además, el documento de Sanidad distingue entre las comunidades que se verían más afectadas y las que menos, siendo Andalucía, Castilla y León y Extremadura las que más dificultades afrontarían, mientras que Baleares Cataluña, País Vasco y Navarra tendrían que asumir un cupo menor de pacientes para la sanidad pública.
Ante el desencuentro entre aseguradoras y Gobierno por la cuantía económica del concierto, la Unión Profesional plantea que Muface sea prestadora directa de la cobertura sanitaria a los funcionarios a través de conciertos con los hospitales y centros médicos sin la mediación de las aseguradoras. Una solución que entienden mejoraría las lagunas del modelo de prestación actual, como la baja remuneración para los médicos que prestan servicio en la mutualidad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), valora convocar manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública en el caso de que el Gobierno "no ofrezca una respuesta adecuada" a la actual situación de los funcionarios que reciben asistencia sanitaria gracias a los conciertos de Muface.
El sindicato "se opone frontalmente" a la posibilidad de incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria de las comunidades autónomas y señala que no van a aceptar “bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión”. CSIF exige a Función Pública que corrija “al ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface, que garantice la calidad de la asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios para los próximos años", afirma.