Las comunidades autónomas temen el aumento de la presión asistencial que traería el fin de Muface

La difusión del informe del Ministerio de Sanidad en el que concluía que el paso de los funcionarios cubiertos por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) a la sanidad pública era “tanto viable como razonable” ha acercado la posibilidad del fin del modelo actual. Mientras el Ministerio de Función Pública, el responsable en este asunto, sigue negociando una nueva oferta que convenza a las aseguradoras, desde Sanidad plantean cómo podría hacerse la transición para que los funcionarios que forman parte de la mutualidad fuesen absorbidos por la sanidad pública. 

En este contexto, las comunidades autónomas, como últimas responsables de la asistencia sanitaria de la población, empiezan a hacer números sobre cómo les afectaría y algunas muestran su recelo ante el escenario que podría crear. Castilla y León, Extremadura y Andalucía son las que más afectadas se verían por el fin de Muface, ya que les supondría un incremento de en torno al 3% en el volumen de pacientes cubiertos por la sanidad pública. El Parlamento andaluz ya mostró recientemente su respaldo a la renovación del concierto de Muface, que quedó desierto tras la negativa de las aseguradoras a participar por considerar insuficiente la oferta económica. A través de una moción apoyada por PP, Vox y PSOE, la cámara andaluza instó al Gobierno central a garantizar que la renovación del concierto no afectara a la calidad asistencial ni los puestos de trabajo. 

Matute acusa al Gobierno de querer “reventar un sistema que funciona bien”

Aunque Madrid no se sitúa entre las comunidades que más afectadas se verían, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha sido la que ha criticado de manera más contundente la postura del Gobierno. En este sentido, ha cargado contra la “descoordinación y falta de miras del Gobierno central”, aludiendo al desacuerdo entre las posturas expresadas por Función Pública y Sanidad. "No es lo mismo asimilar usuarios de forma progresiva que de repente. Todos forman parte de nuestro sistema de salud, lo cual me indica que no es que quieran equidad, sino que quieren reventar un sistema que funciona bien, que es de excelencia y que está muy tensionado, como bien saben en el Ministerio por la falta de recursos humanos y por la infrafinanciación", ha expresado Matute.

Por su parte, su homólogo murciano, Juan José Pedreño ha cifrado en 55 millones el gasto que supondría para su comunidad asumir el cupo de pacientes procedentes de Muface y advierte de que es un precio que no asumirán si el Gobierno central "no se compromete por escrito a aportar el coste” necesario. 

El consejero cántabro, César Pascual, también ha señalado que su gobierno movilizará “todos los medios a su alcance” y adoptará “todas las medidas posibles” para evitar que los funcionarios mutualistas de Muface se incorporen a la asistencia sanitaria de las comunidades autónomas.

Desde las consejerías coinciden en lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que estarían preparadas para afrontar esta situación, pero al mismo tiempo reconocen su preocupación por lo que supondría para unos sistemas de salud que ya están bastante tensionados en términos de demanda asistencial. 

La sanidad privada tilda el informe de Sanidad de ideológico

Otra reacción que no se ha hecho esperar al informe emitido por Sanidad sobre las consecuencias del fin del modelo de mutualistas es la de la sanidad privada. Desde la Fundación IDIS han mostrado su preocupación ante la “ideologización” y alerta de los riesgos que supondría la “transición masiva de usuarios mutualistas desde el sistema privado al sistema público”. 

En este sentido, aluden al incremento de las listas de espera que se ha producido en los últimos años y resaltan que, en este contexto la sanidad pública no podría “aceptar más pacientes sin comprometer su sostenibilidad y la calidad de la atención”. “Por mucho que se incrementen los recursos económicos, los indicadores asistenciales siguen empeorando, lo que evidencia que la solución no pasa únicamente por más financiación, sino por medidas estructurales que refuercen la capacidad del SNS”. 

Además, desmienten la acusación que vierte el informe de que la sanidad privada derive a pacientes no rentables económicamente a la sanidad pública y señalan que lo que ocurre es que “puede haber mutualistas con enfermedades complejas en ciertas comunidades autónomas que opten por el paso al sector público para el seguimiento de sus patologías, al no tener posibilidad de hacerlo en la sanidad privada”.

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