El Gobierno aprueba el primer acuerdo estatal para mejorar la atención temprana y reducir los tiempos de espera

Durante una reunión multisectorial celebrada este viernes, los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales han alcanzado, junto a las comunidades autónomas, el primer acuerdo estatal para mejorar la atención temprana en España. Este documento establece un marco común para garantizar que los menores de hasta seis años reciban una atención gratuita y eficaz, reduciendo los tiempos de espera a un máximo de 45 días desde la detección de un caso con riesgo evolutivo.

El acuerdo, alineado con la Garantía Infantil Europea aprobada por el Consejo de la Unión Europea en 2021, busca asegurar el acceso equitativo a la atención temprana, considerada fundamental para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los menores.

Para la implementación de este plan, el Ministerio de Derechos Sociales destinará cerca de 42 millones de euros, financiados a través del Fondo Social Europeo Plus. Estos recursos serán distribuidos entre las comunidades autónomas para garantizar la universalidad del servicio, independientemente del lugar de residencia y las circunstancias económicas de las familias.

Un sistema de atención temprana más ágil y coordinado

Además de reducir los tiempos de espera, el acuerdo establece la creación de una Red de Atención Temprana en todas las comunidades autónomas. Esta red deberá contar con una normativa específica que regule los procesos de coordinación entre los servicios sanitarios, educativos y sociales, permitiendo la interconexión de historiales clínicos y asegurando una plantilla profesional estable y cualificada.

El modelo propuesto se basa en un enfoque biopsicosocial que prioriza la intervención en los entornos naturales de los menores, como el hogar o el parque, y promueve una valoración integral adaptada a cada niño y su familia.

Impacto y plazos de implantación

Según la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT), en 2023 más de 129.500 menores necesitaron este tipo de atención, lo que representa un 5,38% de la población infantil entre cero y seis años. La demora en la intervención puede tener consecuencias graves en su desarrollo, aumentando el riesgo de discapacidad, dificultades educativas y exclusión social.

El acuerdo establece nueve líneas de actuación, que incluyen la planificación del sistema, la mejora de la calidad de los servicios, la formación continua de los profesionales y la optimización de los sistemas de información y registro.

El plan se implementará progresivamente hasta 2030, coincidiendo con el final del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea. Durante este periodo, se realizarán evaluaciones bienales para medir su impacto y ajustar las estrategias según sea necesario.

 

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