García lamenta la falta de acuerdo en el Interterritorial y ve “contradictoria” la actitud de las comunidades: “Ni resuelven ni dejan resolver”

El cara a cara entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se ha saldado, como era previsible, sin acuerdo entre ambas partes. Sanidad había convocado a las consejerías a un encuentro dedicado a abordar las reivindicaciones pendientes del colectivo médico al que los responsables de salud autonómicos han acudido con su propio acuerdo en el que critican la gestión de Sanidad del conflicto. Una decisión que la ministra Mónica García ha criticado por considerarla “contradictoria”. 

El orden del día incluía el debate sobre las principales demandas del colectivo médico en el conflicto abierto por la reforma del Estatuto Marco, como la regulación de la jornada y las guardias o la creación de canales específicos de negociación para los médicos. Sin embargo, las comunidades han llegado a este encuentro con un manifiesto conjunto, suscrito por todas las consejerías salvo la catalana, en el que reclaman un acuerdo de ámbito estatal para desactivar el conflicto. En este escrito, los consejeros achacan la responsabilidad “exclusivamente” al Ministerio como promotor de la reforma del Estatuto Marco que ha desatado el rechazo masivo de los facultativos.

Por su parte, la ministra ha defendido la forma de proceder del Ministerio con la intención de promover “acuerdos de armonización” en el Consejo y extraerlos del Estatuto para no invadir competencias autonómicas. “Primero nos decían que no era materia del Estatuto Marco y ahora que no es competencia suya”, ha declarado a este respecto. García ha asegurado haber mantenido un diálogo “constante” con las comunidades a lo largo del proceso negociador, al tiempo que les ha reprochado su postura sobre las reivindicaciones médicas planteadas para la reunión. 

La ministra ha recordado que la organización de este encuentro nace a petición de las propias comunidades y que ya se han celebrado más de una decena de reuniones entre ambos sobre esta cuestión. “Las comunidades han decidido rechazar comprometerse con estas reivindicaciones que solucionarían el conflicto. Hoy podían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias, pero han decidido mirar para otro lado”, ha expresado García en la rueda de prensa posterior al encuentro. Así, ha mostrado su incomprensión ante esta actitud, que entiende que supone que “ni resuelven ni dejan resolver”.

García ha enumerado los acuerdos que Sanidad había planeado adoptar en este encuentro, relativos al establecimiento de la jornada de 35 horas semanales o la limitación de las guardias. Unos aspectos que, ha subrayado ya tienen capacidad de adoptar las propias consejerías, al ser aspectos de su competencia. Asimismo, se ha referido a otra de las grandes reivindicaciones médicas contempladas en el orden del día, como es la creación de mesas específicas para el colectivo médico. A este respecto, ha incidido en que esta opción ya está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público y que está en manos de las comunidades hacerlas efectivas. 

Preguntada por el rechazo mostrado por los sindicatos del Ámbito de Negociación, su único apoyo para sacar adelante la reforma del Estatuto, a la versión definitiva del anteproyecto de ley, García ha aseverado que la regulación de la jubilación es una cuestión que trasciende a esta norma. Satse y CSIF lo llegaron a calificar de una “traición institucional”, por haber excluido del texto acuerdos pactados en el Ámbito como requisito fundamental para el visto bueno de estas organizaciones.  “La jubilación depende de un pacto social para decidir cómo nos jubilamos anticipada y parcialmente. Es una cuestión de país, vamos a seguir trabajando para incorporarlas, pero no dependen del Estatuto”, ha expresado García. Aun así, se ha dirigido directamente a estas organizaciones para pedirles que “estén tranquilos” y que el Ministerio no incumplirá lo acordado.

Las autonomías niegan tener la llave del conflicto

Las declaraciones de la ministra han encontrado una respuesta prácticamente unánime por parte de las comunidades autónomas. Los consejeros han rechazado la idea de que la solución al conflicto dependa de ellas y han insistido en que la negociación del Estatuto Marco corresponde exclusivamente al Ministerio de Sanidad.

En este sentido, varios responsables autonómicos han negado que las comunidades tengan capacidad para resolver por sí solas las reivindicaciones que han motivado la huelga. El consejero andaluz, Antonio Sanz, ha acusado al Ministerio de intentar trasladar a las autonomías la responsabilidad de un conflicto cuya raíz, ha recordado, es una norma estatal. En términos similares se han pronunciado la consejera murciana, Isabel Ayala, y el consejero aragonés, Ángel Sanz, quien ha asegurado que las comunidades están asumiendo las consecuencias asistenciales de "un conflicto cuya solución depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad".

Precisamente el impacto de la huelga sobre la actividad asistencial ha sido uno de los argumentos más repetidos por los consejeros. Antonio Sanz ha cifrado en más de 1,3 millones los actos sanitarios suspendidos en Andalucía y en más de 173 millones de euros el coste acumulado de los paros. En Aragón, según los datos aportados por el Gobierno autonómico, se han suspendido más de 71.500 consultas, 13.000 pruebas diagnósticas y 4.300 intervenciones quirúrgicas. En la Comunidad Valenciana, el conseller Marciano Gómez ha elevado la cifra a más de 280.000 actos médicos cancelados.

Más allá de las cifras, buena parte de los consejeros han coincidido en señalar el aislamiento político de la ministra. La consejera madrileña, Fátima Matute, ha asegurado que García "se ha quedado sola" y ha llegado a definirla como "un caballo de Troya" dentro del Sistema Nacional de Salud. Una idea compartida también por la extremeña Sara García Espada, quien considera que Mónica García no cuenta actualmente con el respaldo de los profesionales, los sindicatos ni las comunidades autónomas. "La ministra está sola con su proyecto", ha afirmado también el consejero aragonés.

Junto a las críticas, los responsables autonómicos han reclamado retomar la negociación con los representantes médicos. El valenciano Marciano Gómez ha defendido que la solución pasa necesariamente por un acuerdo estatal, mientras que desde Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido a la ministra que "eche una pensada" y vuelva a sentarse con las comunidades y los profesionales. "El diálogo es antes de tomar acuerdos", ha resumido.

---