Las consejerías sellan un frente común ante la gestión de Sanidad del conflicto del Estatuto Marco: “La ministra está sola”

Las consejerías autonómicas han llegado al Consejo Interterritorial de este miércoles escenificando su malestar contra la gestión del Ministerio de Sanidad del conflicto del Estatuto Marco.  Los consejeros mantuvieron en la tarde del pasado martes su propio encuentro al margen del Ministerio, del que se extrae un manifiesto conjunto en el que achacan la responsabilidad y competencia “exclusivamente” al departamento que dirige Mónica García.

Arropado por los consejeros que han acudido de forma presencial, el titular de Sanidad vasco, Alberto Martínez, ha explicado antes de entrar al encuentro que las consejerías darán por finalizada su intervención en el encuentro tras leer este texto conjunto, aunque no abandonarán la reunión. Martínez ha acusado los estragos que está ocasionando el conflicto con la huelga médica, que ha achacado a la “incapacidad del Ministerio para alcanzar un acuerdo en la reforma del Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente responsabilidad y competencia suya”.

“La ministra se ha quedado sola, no cuenta con el apoyo de los profesionales, no cuenta con el apoyo de los sindicatos y no nos tiene a las comunidades autónomas”, ha declarado el consejero a este respecto.

El texto, firmado por todos los responsables de todas las consejerías a excepción de la catalana, subraya la necesidad de un “acuerdo de ámbito estatal” para dar respuesta al conflicto abierto por la reforma de esta norma que regula las condiciones laborales de todos los sanitarios. A la indignación que los médicos llevan mostrando tras ocho convocatorias de huelga desde hace un año (cuatro de ellas de forma semanal en todo el país), se ha sumado el rechazo de los únicos apoyos con los que contaba Sanidad para sacar adelante la reforma: los sindicatos del Ámbito de Negociación. Desde estas organizaciones han calificado como  una “traición institucional” y una “tomadura de pelo” el documento definitivo aprobado por el Gobierno en el Consejo de ministros, tras excluir elementos relativos a la jubilación que habían sido acordados en el Ámbito como puntos indispensables.

En el manifiesto, los consejeros denuncian estar “asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz normativa no se sitúa en nuestro ámbito competencial”. Al hilo, defienden estar adoptando las medidas necesarias para mitigar el impacto del conflicto, aunque reiteran la necesidad de darle respuesta de nivel estatal, por lo que reclaman “reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo”.

En la misiva, las comunidades aluden al momento crítico que afronta el sistema sanitario fruto del “déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población”. Por ello, emplazan a Sanidad a impulsar medidas estructurales para afrontar estos desafíos.

Los desencuentros entre el Ministerio y las comunidades han sido la tónica habitual durante todo el proceso negociador, con reproches cruzados por el reparto de culpas y competencias ante la movilización de los facultativos. De un lado, el Ministerio defiende que ya ha alcanzado el máximo nivel de desarrollo del Estatuto como norma básica estatal y que son las comunidades las que tienen las competencias en retribuciones y organización de la jornada; mientras del otro, las comunidades achacan la responsabilidad al Ministerio por desatar el conflicto y por la falta de protagonsimo que aseguran haber tenido en el proceso.

---