El futuro de Muface sigue en el aire

El futuro de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) pasa en buena parte por lo que suceda este 4 de diciembre. El Gobierno está jugando sus últimas cartas para salvar la negociación del concierto de esta mutualidad, tras quedar desierta la licitación para los próximos dos años, ya que este día se agota el plazo que dio el Ministerio de Función Pública a las aseguradoras para que presentaran a través de un concurso público su estimación de costes para prestar atención sanitaria a los funcionarios cubiertos por Muface.

Ahora mismo, son tres los escenarios que se barajan en el sector sanitario: la renovación del concierto a través de una oferta económica que satisfaga a las aseguradoras, la prórroga forzosa durante nueve meses o la extinción del modelo actual con el paso de los mutualistas a la sanidad pública. Desde que fracasara la primera negociación, la postura de Función Pública ha sido la de trabajar en una nueva licitación, al tiempo que garantizaba que los funcionarios tenían garantizada su cobertura sanitaria “con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”, incluso “con posterioridad a la fecha de vencimiento” del actual concierto, el 31 de enero de 2025.

Una postura que, según ha difundido el sindicato de policías nacionales Jupol, siguen manteniendo desde el Gobierno. El sindicato ha tenido acceso a un documento en el que se plasma el argumentario del Ejecutivo sobre diferentes asuntos de cara al Consejo de Ministros, entre ellos, el futuro de Muface. Según este documento filtrado por error, el Gobierno quiere lanzar un mensaje de “tranquilidad” y aseguran que no entra entre sus planes “desmontar Muface”. Insisten en que su postura es sacar una nueva licitación y que existen “mecanismos para establecer una prórroga” en febrero. Aseguran que “nadie va a quedarse sin asistencia” y resaltan el “esfuerzo” realizado en la anterior licitación, que ofertaba una subida de la prima del 17%. Además, añade que “se abre una reflexión sobre el modelo del mutualismo que ha de pivotar en torno a tres grandes principios: transparencia, equidad y sostenibilidad”.

Posibilidad de prórroga

Es a la Ley de Contratos del Sector Público donde se aferra la administración para establecer una prórroga del convenio actual, aunque desde la compañía Adeslas (una de las aseguradoras que forma parte del concierto), enviaron un correo a sus mutualistas para comunicarles que su prestación sanitaria finaliza el 31 de enero. Fuentes de la compañía señalan a Medicina Responsable que “a día de hoy”, esa es la fecha en la que finaliza la prestación de la atención sanitaria y que “a partir de entonces, es Muface el que debe hacerse cargo del dispositivo asistencial”. 

Medicina Responsable ha consultado directamente al Ministerio de Función Pública cuáles son las herramientas legales que provee la ley para esa prórroga, aunque no ha recibido respuesta sobre este asunto. 

El Gobierno ha defendido que la nueva licitación sería “más atractiva” para las aseguradoras, aunque sin especificar si incluirá un aumento de la oferta económica. Desde el Ejecutivo defienden que la oferta realizada que quedó desierta suponía “la mayor subida de la historia”, aunque las aseguradoras venían reclamando una subida mucho mayor, de en torno al 40%, argumentando que prestar el servicio les ocasiona pérdidas económicas.

Mientras tanto, los mensajes que han trasladado desde el Ministerio de Sanidad abrían la puerta al fin del modelo actual de Muface. Tanto el secretario de Estado, Javier Padilla, como la ministra, han expresado que la sanidad pública tendría capacidad suficiente para absorber a los funcionarios cubiertos por Muface. Además, hace unos días el Ministerio dio a conocer un informe en el que calificaba el fin del modelo actual como una opción “tanto viable como razonable”. 

En total, son más de millón y medio los funcionarios que forman parte de Muface, de los cuales, medio millón ya están cubiertos por la sanidad pública actualmente, ya que el sistema actual de mutualidad les permite elegir entre la pública y la privada. A falta de horas para saber qué ocurre con el concurso público abierto por el Gobierno y cómo impacta sobre la nueva oferta de licitación, la posibilidad de un acuerdo sigue en el aire. 

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