La Fiscalía Europea investiga por malversación los contratos de Baleares y Canarias en la compra de mascarillas

La Fiscalía Europea Anticorrupción ha abierto una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para la compra de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia. 

Así lo ha anunciado el órgano europeo a través de un comunicado, que ha abierto diligencias tras recibir “una denuncia de un particular” y llevar a cabo “diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados”.

Según la Fiscalía Europea, para investigar los tres posibles delitos se ha recopilado información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea. "En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea". 

Este organismo es el encargado de “investigar, perseguir y juzgar los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”, por lo que “siempre que exista la sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando al presupuesto de la Unión Europea, tanto en sus ingresos como en sus gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, tienen la obligación legal de denunciarlo sin demora a la Fiscalía Europea”, ha comunicado el organismo.

El Gobierno de Baleares, presidido en aquel momento por la presidenta del Congreso Francina Armengol, cargó a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 3,7 millones de euros por la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, relacionada con Koldo García, investigado por el cobro ilegal de comisiones. Por su parte, el Gobierno de Canarias, presidido en ese momento por Ángel Víctor Torres, actualmente ministro de Política Territorial, también cargó a la Unión Europea una partida de mascarillas, suministrada por la misma empresa, que no cumplían con los requisitos de calidad. En total, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares. 

Armengol, acorralada, no dimite

Las informaciones que han ido saliendo en los últimos días sobre la presunta irregularidad de los contratos de Baleares con las empresas de la trama Koldo, y que han puesto a Armengol contra las cuerdas, no han sido suficientes para que la actual presidenta del Congreso dimita, como le exigía el principal partido de la oposición por ser la tercera autoridad del Estado. Armengol ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en el Congreso y ha justificado su permanencia en el cargo porque “ni yo ni nadie de mi Gobierno está siendo investigado ni sale en el sumario”. Según Armengol, que se ha vuelto a presentar como “víctima” de la presunta trama de corrupción, jamás he dado ninguna instrucción a nadie para que contrate una empresa u otra” y ha atacado al PP señalando que se ha “saltado todas las líneas rojas”. 

Para la presidenta del Congreso, ella y su Gobierno hicieron “todo lo posible por proteger a la gente en un momento de máxima dificultad”, logrando que Baleares fuera “una de las comunidades con menos mortalidad” porque “trabajamos bien". 

Tal y como ha explicado ante los medios, la compra de mascarillas bajo su mandato en Baleares se hizo a decisión de los técnicos del servicio de salud, “legalmente, con contratos bien hechos y gente seria que decidía comprar según el precio y según la calidad del material que necesitábamos”. A través del contrato en cuestión, según la presidenta del Congreso se suministraron mascarillas FFP2 que se mandaron a analizar y, “cuando tuvimos los resultados, supimos que no eran malas ni fake pero no filtraban como FFP2 y por ello se decide almacenarlas. Se trabaja entonces para ver cuál es la diferencia de precio con las quirúrgicas y poder reclamar", ha explicado. La presidenta ha justificado el retraso en hacer esta reclamación porque la Administración estaba "colapsada". Aun así, ha defendido que "la reclamación se hizo antes de las elecciones del 28-M. Se hace en tiempo y forma porque es válido hacerlo el último día. La reclamación se formalizó en julio. Esto es lo que hizo mi Gobierno y lo defenderé con toda la pasión", ha añadido.

Según Armengol, “siempre me ha motivado la lucha contra la corrupción, algo que me repugna y lo que más me ha motivado para trabajar en política y no dejaré que mancillen mi nombre ni el del Gobierno que presidí”. 

Tras su comparecencia, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha vuelto a pedirle que dimita “por higiene democrática”. 

Armengol mintió a su Parlamento

Tal y como publica el diario El Mundo, desde que el 8 de junio de 2020 certificó que el lote de un millón y medio de mascarillas compradas por 3,7 millones de euros a la presunta trama Koldo eran quirúrgicas y no FPP2, ocultó la información de forma reiterada. Además de ocultarlo para cargarlo a los Fondos Europeos, Patricia Gómez, consejera de Salud del Gobierno balear, compareció en la Comisión de Salud de la Cámara autonómica el 10 de junio de 2020, dos días después de que el Ejecutivo recibiese el Informe del Centro Nacional de Medios de Protección que ratificaba la mala calidad de las mascarillas, y ocultó estos datos asegurando  que en su comunidad autónoma “no ha habido material defectuoso”. 

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