Armengol, contra las cuerdas por su posible implicación en la trama de las mascarillas

La situación de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso y presidenta del Govern Balear durante la pandemia, “es absolutamente insostenible” para el Partido Popular. Según la investigación abierta por un presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas, el gobierno balear presidido por Armengol certificó por escrito en agosto de 2020 que las mascarillas defectuosas adquiridas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, investigada en la Audiencia Nacional y vinculada a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, eran “satisfactorias”.

La firma de dicho documento se realizó dos meses después de conocer, a través de un informe interno, que el millón y medio de mascarillas que había adquirido no cumplían con los requisitos mínimos de filtración. De hecho, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo concluyó que las mascarillas multiplicaban hasta por ocho la filtración máxima permitida legalmente (un 5% para las KN95 y un 6% para las FPP2), alcanzando algunas de ellas el 41%.

Tramitación de emergencia

La compra de las mascarillas en el momento más duro de la pandemia se llevó a cabo en la mayoría de los casos por el procedimiento de negociado sin publicidad y carácter de urgencia, debido a la situación excepcional que se vivía en esos momentos. En Baleares también fue así, pero según la Policía Judicial, las mascarillas llegaron a la comunidad autónoma una semana antes de que se produjera la resolución del órgano de contratación que autorizaba la adjudicación. Es más, tal y como apunta el diario digital Vozpópuli, los investigadores advierten de que se entregó el material sanitario “incluso antes” de que el ejecutivo regional acordara la tramitación de emergencia para la compra de material sanitario

Según el artículo 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), salvo que la tramitación del expediente sea por emergencia, no se puede ejecutar un contrato con carácter previo a su formalización. "Por todo ello, dado que la declaración de tramitación de emergencia para la adjudicación del suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión tiene fecha de 4 de mayo de 2020, que es cuando el órgano de contratación dictó resolución, y no fecha de 18 de marzo de 2020 que es cuando se dicta el Acuerdo del Consejo de Gobierno, la adjudicación podría haberse realizado en contra del precepto a lo referido en el precitado artículo 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público", señala el sumario.

En total, el ejecutivo de Armengol llevó a cabo dos pagos: uno de 3,7 millones de euros por un millón y medio de mascarillas FPP2 y otro de 56.715 por el transporte.  

Además, tal y como apunta el citado diario, no se han podido localizar por parte de los investigadores documentos sobre la formalización de este contrato en los que se recoja información clave como la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato o las condiciones de los pagos.  

La expresidenta balear cargó, además, la compra de las mascarillas a los fondos de la Unión Europea, a pesar de que conocía que eran defectuosas. El Gobierno balear declaró que “el contrato cubría la totalidad de lo solicitado”. Ahora, estos 3,7 millones cargados a los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, serán investigados por Bruselas por tratarse de una posible malversación de fondos de la UE. 

El PP pide su dimisión

Desde el principal partido de la oposición han pedido la dimisión de Armengol como presidenta del Congreso y tercera Autoridad del Estado, por haber dirigido un gobierno que "fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa". Para el PP, Armengol abonó las mascarillas "pese a estar prohibido, lo almacenó pese a que era inservible y el día en que abandonaba la Presidencia de Baleares pidió la devolución del dinero para intentar protegerse políticamente". Además, "La señora", como se la llamaba por algunos de los miembros de la trama, según la investigación, lo hizo tras haber podido quebrantar la Ley de Contratos.

“Una víctima más”

Armengol fue preguntada el pasado martes en el Congreso por este asunto y afirmó sentirse “una víctima más del Caso Koldo”, insistiendo que los contratos con la compañía vinculada a Koldo García fueron legales. “En todo caso nosotros seríamos afectados”.

Armengol recordó que Baleares tenía “un equipo de gente maravillosa que se dejó la piel para comprar material” de protección para los trabajadores públicos. 

 

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