Farmaindustria, en contra de que las farmacéuticas tengan que revelar sus costes de producción

La Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, Farmaindustria, ha presentado sus alegaciones al Real Decreto de Evaluación de tecnologías sanitarias, tras finalizar el periodo de consulta pública de esta norma en la que trabaja el Ministerio de Sanidad. Según el documento, al que ha tenido acceso Medicina Responsable, entre las propuestas de la patronal de las farmacéuticas se solicita al Ministerio eliminar la obligatoriedad de hacer públicos los costes de producción de sus medicamentos para poder contar con financiación pública, una de las novedades introducidas por el decreto.

Según recoge el documento, Farmaindustria pide suprimir “la obligación de aportar los costes fidedignos de producción, investigación y desarrollo, así como de las fuentes de financiación de estos costes, públicas o privadas”. 

Desde el Ministerio defienden que con esta medida “lo que se pide es que las compañías que optan a un determinado precio compartan aspectos que permitan valorar mejor el precio que debe pagar el SNS” para así responder a las demandas de “transparencia por parte de la administración en le fijación de precios o en las decisiones de financiación”.

El objetivo global de este Real decreto es, según Sanidad, regular todos los procesos de la administración “relativos a la incorporación, financiación, precio, reembolso o desinversión en tecnologías sanitarias”, de forma que se actualicen los criterios, órganos y normativas para pasar este proceso.

Medición del valor social y conflictos de intereses

La patronal también aporta otras consideraciones que afectan al proceso de evaluación. Por un lado, instan al Ministerio a incluir el “concepto de valor social” en la definición del proceso de evaluación económica, es decir, que se incluya una medición del “impacto sobre el bienestar social en función de sus efectos sobre la salud y los recursos del sistema” a la hora de hacer la valoración monetaria. También piden que, a la hora de realizar la evaluación desde el punto de vista clínico, se tenga en cuenta el parecer de las sociedades científicas. 

Por otro lado, señalan la necesidad de incluir el derecho de las compañías farmacéuticas a retirarse del proceso de evaluación o postergarlo para otro momento, así como que estas tengan la capacidad de presentar recursos contencioso-administrativos contra los informes de evaluación sobre sus productos.

Farmaindustria insta además al Ministerio en sus alegaciones a elaborar guías específicas para determinados medicamentos como los huérfanos, las vacunas u otros que pueden requerir evaluación singular. 

En cuanto a los expertos que participan en el proceso de evaluación, desde la patronal farmacéutica reclaman más claridad al Ministerio para determinar las causas de incompatibilidad que establece el decreto por conflicto de intereses y explicitar las consecuencias jurídicas de incumplir este régimen.

Órganos de gobierno

El decreto elaborado por el Ministerio establece un órgano, el Consejo de Gobernanza, como encargado de que el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias vaya en línea “con las políticas farmacéuticas y de prestación de servicios que emanan del Ministerio”. A propósito de este, Farmaindustria añade varias consideraciones sobre cómo debería estar conformado. 

En primer lugar, solicitan que este cuente con dos miembros “en representación de las patronales de fabricantes de medicamentos innovadores y de tecnologías sanitarias (Farmaindustria y Fenin)”. También piden que se aumente a tres el número de representantes ministeriales en el Consejo además del de Sanidad, el único presente según la redacción actual. Además, en aras de garantizar la independencia del Consejo, piden que sus miembros no puedan formar parte de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), el organismo encargado de fijar los precios de los fármacos financiados con fondos públicos); ni del Comité asesor de la prestación farmacéutica, para evitar conflictos de intereses.

Según recoge el decreto, otro de los organismos que forman parte del sistema de evaluación de tecnologías sanitarias es el llamado Grupo de posicionamiento, encargado de realizar una valoración final antes de decidir si un determinado tratamiento es incluido en la financiación pública. Es decir, que actúa como puente entre los evaluadores y los decisores en esta materia. 

Farmaindustria propone cambiar el nombre de este grupo a “Grupo de recomendaciones para la inclusión en la prestación”, ya que “el término ‘posicionamiento’ no es unívoco”. También añaden consideraciones sobre cómo debería ser su composición, que creen que debe ser acorde a la estructura del CIPM. Es decir, contar con cuatro representantes de los Ministerios de Sanidad, Hacienda, Economía e Industria y tres miembros en representación de las comunidades autónomas, además de más representantes de los profesionales sanitarios y de organizaciones de pacientes. Todo ello con el propósito, sostienen, de “asegurar un mayor equilibrio y una visión más social y global”.

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