
Por Juan García
23 de enero de 2026Los médicos de toda España volverán a la huelga a partir de febrero y lo harán una semana al mes hasta junio como “primera etapa” de una movilización que apuntan no cesará hasta que no den respuesta a sus demandas. Tras más de un año de negociaciones para reformar el Estatuto Marco, el conflicto con los médicos ha alcanzado su punto álgido con una convocatoria sin precedentes desde hace tres décadas.
En este contexto, y ante las múltiples aristas que presenta el conflicto, hay varias preguntas esenciales para entender cómo y por qué se ha llegado a este punto.
En primer lugar, conviene recordar qué es el Estatuto Marco. Los profesionales del Sistema Nacional de Salud están sujetos a su propia regulación diferenciada del resto de trabajadores públicos, por lo que los médicos, enfermeras y demás profesionales no se consideran funcionarios, sino personal estatutario. Esta denominación procede, precisamente, de la norma que regula a todos ellos: el Estatuto Marco y que establece los criterios generales de sus condiciones laborales, que las comunidades autónomas desarrollan específicamente, ya que tienen las competencias en materia de sanidad transferidas.
El Ministerio de Sanidad se propuso reformar el Estatuto Marco para renovar el texto vigente del año 2003, presentando una primera propuesta ante la cual salieron en tromba los sindicatos médicos para mostrar su indignación, criticando especialmente aspectos como la insuficiente regulación de las guardias y la jornada laboral, la dedicación exclusiva a la sanidad pública o la clasificación de categorías profesionales propuesta.
Desde entonces, iniciaron una campaña de presión y movilizaciones que culminó en la convocatoria de tres huelgas médicas en seis meses: junio, octubre y diciembre. Por el camino, los sindicatos médicos protagonizaron un cisma entre organizaciones, dejando, por un lado a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), los convocantes de la huelga; y por otro, a los sindicatos y asociaciones autonómicas agrupados en la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf).
El estallido final se produjo precisamente en esa última huelga, cuando las negociaciones entre Sanidad y el Comité de Huelga (CESM y SMA) saltaron por los aires. Estas organizaciones dieron portazo a Sanidad en su última reunión, ante el ultimátum del Ministerio para suscribir el preacuerdo que habían amarrado con el resto de sindicatos generalistas para sacar adelante el Estatuto Marco. Tras esta abrupta ruptura, el Ministerio trató de reconducir la negociación con la plataforma Apemyf, pero obtuvo el efecto contrario, pues ambos bloques de sindicatos médicos forjaron una nueva alianza para coordinar acciones conjuntas en defensa de sus demandas, que han ratificado con la convocatoria de esta huelga indefinida.
La creación de un estatuto propio para los médicos es la reivindicación más repetida por sus representantes y en la que han incidido en su último comunicado llamando al paro indefinido. Una propuesta a la que el Ministerio ha mantenido en todo momento la puerta cerrada, por considerar que supondría “fragmentar” el sistema. Además de esta reclamación, las diferentes versiones presentadas por Sanidad para reformar el Estatuto no han conseguido satisfacer las demandas de los médicos en materia de jornada, clasificación profesional y guardias.
La propuesta del Ministerio incluye la limitación de las guardias de 24 horas, garantizando el descanso posterior y la limitación de un máximo de 17 horas por jornada. Sin embargo, establece la excepción de ampliarlas de manera “voluntaria” y sujeto a un informe de riesgos laborales. Los sindicatos siguen recelando de esta fórmula y denuncian que la limitación horaria tampoco da respuesta a uno de sus mayores perjuicios con las guardias: la remuneración. Las horas de guardia se contabilizan como complemento de atención continuada, pagándose a un precio inferior a las horas de trabajo ordinarias y sin cotizar para la jubilación. Por este motivo, los sindicatos médicos insisten en reclamar que se reconozcan como horas extraordinarias, se paguen como tal y sean voluntarias.
Más allá de las medidas concretas, el estatuto propio es la principal consigna de movilización de los sindicatos médicos. Los representantes de los facultativos argumentan el agravio que sienten respecto al resto de profesionales de la sanidad pública tanto en condiciones laborales, como en la capacidad negociadora que tienen en el foro oficial de discusión: el Ámbito de Negociación.
Este foro es donde Sanidad ha alcanzado un preacuerdo con el resto de formaciones (Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF), del que los sindicatos médicos se desmarcan por no sentirse suficientemente representados. Lo cierto es que la CESM cuenta con un representante en esa mesa, como parte de la coalición con el sindicato de enfermería Satse, FSES. Al ser los médicos un colectivo minoritario respecto al resto de profesiones, los sindicatos de facultativos denuncian la escasa capacidad de influencia que tienen en las negociaciones, motivo principal por el que reclaman un canal de interlocución directo con la administración sobre sus condiciones laborales, algo que, defienden, es norma en el resto de Europa. Esta es la vía por la que apuestan para reconocer las “singularidades” del colectivo médico y aseguran que no pararán hasta conseguirlo.
Las tres convocatorias de huelga desde junio han contado con el respaldo expreso del Foro de la Profesión Médica, del que forman parte la Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME).
Por el contrario, además de Sanidad, los sindicatos del Ámbito rechazan la creación de un estatuto o canal de negociación propio para los médicos y apoyan la reclasificación profesional propuesta, aunque piden acompañarla de un acuerdo retributivo. De hecho, la negociación en dos frentes de Sanidad se ha tornado en un arma de doble filo, pues los sindicatos del Ámbito convocaron su propia huelga indefinida para todo el sector sanitario en protesta a la negociación paralela con los sindicatos médicos.
Las organizaciones de pacientes, aunque no entran a valorar los pormenores de la negociación, se muestran comprensivos con las reivindicaciones de los médicos, pero apelan al diálogo tanto a los sindicatos como al Ministerio, para evitar los grandes estragos que haría en el colectivo una convocatoria de huelga de esta envergadura.
El camino al que ha emplazado el Ministerio a los sindicatos médicos para canalizar su demanda de un estatuto propio es la vía parlamentaria, a través de una iniciativa legislativa popular (previa recogida de 500.000 firmas) o convenciendo a algún partido político para que la presente en su nombre.
A propósito del resto de demandas, el Ministerio argumenta que su última propuesta ya recoge todas las mejoras posibles sin exceder el límite de sus competencias. El conflicto competencial es uno de los grandes asuntos en discusión para la negociación del Estatuto, por el desacuerdo de hasta dónde puede entrar la norma general sin invadir el terreno de las comunidades autónomas y cómo se puede involucrar a otros ministerios (Hacienda, Función Pública y Trabajo).
Sanidad envió una carta a las comunidades autónomas invitándolas a pronunciarse sobre las demandas insatisfechas de los médicos. El Partido Popular y las consejerías de las comunidades donde gobierna son las que más han subido el tono en respuesta a la misiva y la última convocatoria de huelga, pidiendo la dimisión de la ministra y acusándola de “traicionar” a sus compañeros de profesión.
La ministra, Mónica García, ha reiterado su voluntad de sacar adelante un nuevo Estatuto, para dejar atrás “la precariedad y los malestares” que ha ido acumulando el colectivo con el del año 2003. García ha defendido los avances de su propuesta y se ha mantenido tajante en la negativa a un estatuto propio o a ir más allá en las reivindicaciones de los médicos, por ir más allá de sus competencias.