Por Juan García
15 de abril de 2025La resolución definitiva de la crisis de renovación de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) está cada vez más cerca, y desde el sector instan a aprovechar el aumento de la financiación del modelo para garantizar su viabilidad a largo plazo. A las demandas de hospitales y clínicas de la sanidad privada y médicos autónomos para que las aseguradoras aumenten la remuneración que dan a los profesionales y centros, se suma ahora el sindicato CSIF en un comunicado en el que reclaman una mejora de “las condiciones económicas de médicos y hospitales para garantizar la viabilidad y calidad del modelo”.
Desde CSIF muestran su “preocupación” por la retirada de grupos hospitalarios en los convenios de las otras dos mutualidades de funcionarios, Mugeju e Isfas, así como la “reducción en líneas generales de la oferta médica”. Entre estas salidas se encuentra la retirada de los hospitales del grupo HM que prestaban asistencia sanitaria a estas dos mutualidades en Barcelona. El presidente del grupo, Juan Abarca, ha criticado a este respecto que la decisión está motivada por las insuficientes tarifas que les ofrecía la aseguradora Adeslas para asumir esta cartera de mutualistas. Para el sindicato, estas salidas, junto con la retirada de la aseguradora DKV del concierto de Muface, sientan “un grave precedente”, por lo que instan al Gobierno a “intervenir para garantizar la calidad de la oferta sanitaria”.
La fuga de más de 45.000 mutualistas (casi el doble que el año anterior) de la sanidad privada a la pública este año es otro signo de preocupación para CSIF, que exigen al Ejecutivo que mire a largo plazo por la viabilidad del modelo. El sindicato subraya que el modelo de la mutualidad “ha funcionado eficazmente durante décadas” y rechazan que el informe de la AiREF en el que recomendaban el paso progresivo de los nuevos funcionarios a la sanidad pública “se utilice como excusa para desmantelar el modelo”.
CSIF mantiene su previsión de que la firma del nuevo convenio de Muface para los próximos tres años llegará definitivamente después de Semana Santa, tras medio año de crisis en el seno de la mutualidad por la renovación. Las progresivas prórrogas decretadas del concierto actualmente en vigor, que caducó el pasado mes de enero, han permitido mantener la asistencia sanitaria a los funcionarios de aseguradoras privadas, aunque desde el sindicato llevan meses denunciando retrasos y anulaciones de citas médicas. Tras no salir adelante dos ofertas de licitación planteadas por el Gobierno por el desacuerdo con las aseguradoras, que veían una insuficiente dotación económica, en la tercera oferta planteada por el Ejecutivo se otorga una financiación de más de 4.800 millones para los tres próximos años. Con estas condiciones y la introducción de otras novedades como una diferenciación de la prima por tramos de edad y un mecanismo de compensación de pérdidas económicas, las compañías Asisa y Adeslas han concurrido para renovar el concierto.