Las 17 comunidades cierran filas frente al Estatuto Marco y presentan un decálogo conjunto al Ministerio

Las 17 comunidades autónomas han sellado este jueves un frente común inédito sobre la reforma del Estatuto Marco. Por primera vez desde que comenzó el conflicto, todas las autonomías han firmado un mismo documento en el que reclaman al Ministerio de Sanidad cambios en el anteproyecto y un proceso basado en el consenso, el rigor técnico y la viabilidad económica. Hasta ahora, el mayor acercamiento se había producido el pasado 10 de junio, cuando todas las comunidades, salvo Cataluña, suscribieron un manifiesto conjunto.

Este jueves, en la reunión de la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, el consejero de Sanidad del País Vasco, Alberto Martínez, ha leído un documento firmado por los directores generales de cada región en el que aboga por aprobar un Estatuto Marco “capaz de avanzar en la protección de los derechos del personal estatuario de los servicios de salud sin comprometer la sostenibilidad organizativa, financiera y asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, han manifestado en la conclusión del decálogo.

En el primer punto, los consejeros de Salud y Sanidad de las 17 comunidades autónomas (CC.AA.) defienden que el texto debe fundamentarse “en amplios consensos institucionales y profesionales que garanticen su viabilidad y sostenibilidad futura”.

El papel de las CC.AA. ha sido calificado por los firmantes como “esencial” en el segundo punto del decálogo. Así, han reiterado que son responsables de la organización, gestión y prestación efectiva de la asistencia sanitaria, al igual que de la gestión de los recursos humanos. Por ello, en el decálogo han pedido que la viabilidad de las reformas que se plantean en el Estatuto Marco se valoren “desde la perspectiva de su aplicación efectiva por parte de las administraciones gestoras”.

En el tercer y cuarto apartado del documento, las comunidades lamentan que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud no haya participado en la elaboración de las últimas versiones del anteproyecto “con la intensidad que una reforma de esta naturaleza requería” y que, con ello, “se haya alterado la metodología tradicional de trabajo”.

Para los consejeros, las decisiones sobre las jornadas, descansos, guardias, clasificación profesional, retribuciones complementarias y planificación de efectivos que se han tomado en la fase final de la negociación no han estado precedidas por una evaluación técnica “suficiente” y así lo han reflejado en el punto quinta del decálogo.

Los firmantes han insistido en el apartado seis en que los derechos profesionales, la capacidad organizativa del SNS y la garantía permanente de la atención sanitaria a la ciudadanía “descansan en un equilibrio complejo”, y han advertido de la ruptura del mismo. “Puede generar dificultades de aplicación práctica, incrementar la conflictividad jurídica y comprometer la adecuada prestación de la asistencia sanitaria”, han subrayado.  

La necesidad de integrar la perspectiva de las administraciones empleadoras, y no solo la sindical, así como de recuperar el grupo de trabajo de actualización del Estatuto Marco creado en 2023 son las demandas que los consejeros hacen en los puntos siete y ocho.

En lo que respecta al nueve, los firmantes defienden los principios de cooperación, colaboración y lealtad institucional “entre todas las administraciones públicas implicadas” y reiteran su “plena disposición a participar activamente en un proceso de elaboración de la normativa”.

Para el último punto del decálogo, las CC.AA. han dejado el tema presupuestario, exigiendo disponer de una memoria económica “completa, rigurosa y contrastada”. Asimismo, se ofrecen a colaborar en su evaluación.

---