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Las autonomías critican las prisas de Sanidad para aprobar el Plan Antitabaco

Las comunidades autónomas tienen hasta hoy para decidir sumarse al plan o no a través de un "acuerdo de colaboración"

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Las autonomías critican las prisas de Sanidad para aprobar el Plan Antitabaco
Freepik

Por Juan García

4 de abril de 2024

En la Comisión extraordinaria de Salud Pública celebrada ayer, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad propuso una fórmula para la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 (PIT) sin someterlo a votación. De esta forma, el departamento que dirige Mónica García ha dado a las comunidades un plazo que vence hoy al mediodía para sumarse al plan a través de un "acuerdo de colaboración"

Esta fórmula, recogida en el reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, implica que las comunidades pueden decidir o no adherirse al plan completo o solo a algunos puntos del mismo, según recoge el diario El Mundo. Tras la reunión de ayer, Sanidad anunció que incorporaba 147 de las 157 alegaciones propuestas por las comunidades a través de modificaciones al texto. De entre ellas, son varias las que reclamaban una mayor concreción de cómo se pretenden acotar los nuevos espacios sin humo o la voluntariedad de aplicar esta regulación, algo que fue rechazado por Sanidad. 

El anuncio pilló por sorpresa a las administraciones autonómicas, que volvieron a solicitar más tiempo para revisar el texto y varias de ellas han criticado la premura de este procedimiento, para el que solo cuentan con 24 horas. "Aquí el consenso está faltando también por las formas y las prisas con las que se trabaja", afirma la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán. Una preocupación que, asegura, comparten otras comunidades por "la deriva que está teniendo la Comisión de Salud Pública". Por su parte, su homóloga madrileña, Elena Andradas, señala que “sorprende el nuevo procedimiento que proponen para llegar a un acuerdo: votar un acuerdo de cooperación al que la comunidad autónoma se puede adherir especificando sus líneas rojas".

Otra preocupación compartida por estas comunidades es la ausencia de memorias económicas que detallen la inversión específica para las acciones concretas a través de las que se pretende plasmar el PIT. El objetivo del Ministerio es “ampliar los espacios sin humo” a través de leyes específicas, aunque, por el momento, la ministra ha asegurado que “el plan no trae nada concreto”, en alusión a la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes. Baleares proponía, a este respecto, establecer incentivos fiscales para las terrazas que, voluntariamente, decidieran quedarse libres de humo, pero, finalmente esta propuesta fue desestimada por el Ministerio.

Tampoco se ha aceptado otra de las alegaciones de esta comunidad para que las nuevas cargas impositivas del tabaco sean impuestos finalistas que reviertan en la lucha contra el tabaquismo. El documento presentado por Baleares advertía de que, de otro modo, "se entenderían como medidas con afán únicamente recaudatorio". La administración balear también se suma a la crítica por el “escaso margen de tiempo” con el que cuentan para tomar una decisión. 

Lo que sí se aceptó en la reunión de este miércoles es la equiparación fiscal y legislativa de los cigarrillos electrónicos y vapers con el resto de productos derivados del tabaco. Una propuesta que nace de la preocupación de expertos y autoridades por considerar estos productos electrónicos como “la puerta de entrada al tabaquismo para los menores”.

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha calificado estas críticas de "excusas" para no apoyar el PIT a través de su perfil en la red social X y señala que "va a seguir adelante aunque el PP no lo apoye". Sobre estos reproches, Padilla defiende que "el plan lleva años trabajándose" con las comunidades y que se han aceptado la mayoría de las alegaciones. Sobre los aspectos económicos señala que el personal de normativa del Ministerio consideró que no era necesario incluir las memorias en el plan y que los impuestos finalistas tienen "dudoso encaje en nuestro ordenamiento jurídico". 



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