Cómo afectará la nueva Ley de Gestión Pública aprobada por el Gobierno a la colaboración público-privada

El Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, ha abierto un intenso debate político y sanitario sobre el futuro de la colaboración público-privada. El Gobierno defiende que la norma servirá para reforzar el carácter público del sistema sanitario y aumentar la transparencia y el control sobre los modelos de gestión indirecta. El sector privado, en cambio, denuncia que generará restricciones que podrían afectar a las listas de espera y a la capacidad de respuesta del sistema. Pero, ¿qué cambia exactamente con la nueva norma?

Impulsado por el Ministerio que dirige Mónica García, el texto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de reforzar la gestión pública directa como modelo ordinario del Sistema Nacional de Salud (SNS) y limitar el recurso a fórmulas de gestión indirecta.

Entre las principales novedades figura la derogación de la Ley 15/1997, una norma impulsada por el Gobierno de José María Aznar, que permitió durante décadas el desarrollo de diferentes modelos de colaboración público-privada en el sistema sanitario español y que ahora el Gobierno quiere dejar atrás.

La gestión indirecta pasa a ser “excepcional”

Uno de los cambios centrales de la ley es que la gestión indirecta de servicios sanitarios dejará de considerarse una fórmula ordinaria y pasará a tener carácter “estrictamente excepcional”.

Para recurrir a este tipo de modelos, las administraciones deberán justificar previamente que no pueden prestar directamente el servicio y acreditar que la opción elegida es sostenible, eficiente y garantiza la calidad, continuidad y equidad asistencial. Además, las administraciones sanitarias tendrán que motivar objetivamente estas decisiones y someterlas a nuevos mecanismos de evaluación y supervisión.

Nuevos órganos de evaluación y control

La norma incorpora evaluaciones previas obligatorias mediante órganos colegiados integrados por expertos sanitarios, profesionales y representantes de pacientes, que emitirán informes sobre la adecuación de las fórmulas de gestión indirecta a lo establecido en la ley.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) será el encargado de fijar criterios homogéneos para la elaboración de estos informes. Asimismo, los contratos de concesión deberán contar con un informe obligatorio de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que analizará su sostenibilidad financiera para evitar impactos negativos sobre la prestación sanitaria.

Más transparencia y apoyo a la gestión pública

El proyecto también incorpora medidas de transparencia y buen gobierno. Entre ellas, la obligación de publicar anualmente indicadores de resultados en salud en todos los centros sanitarios, independientemente de su modelo de gestión.

En caso de empate en procesos de licitación, se dará prioridad a entidades sin ánimo de lucro.

Otro de los puntos incluidos en el texto contempla que la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad pueda asesorar técnicamente a las administraciones que quieran recuperar servicios hacia modelos de gestión pública directa.

Qué ocurrirá con las concesiones actuales

La futura ley incluye un régimen transitorio para garantizar la seguridad jurídica de los contratos actualmente en vigor. De este modo, las concesiones y contratos ya iniciados continuarán rigiéndose por la normativa anterior hasta su vencimiento.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad elaborará en el plazo de un año un informe de evaluación sobre los distintos modelos de gestión sanitaria desarrollados en España desde 1997, con participación de administraciones públicas, expertos y organizaciones de pacientes.

Rechazo del sector sanitario privado

La aprobación del proyecto ha provocado el rechazo unánime de la sanidad privada. Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) consideran que el texto supone “un ataque frontal” a la colaboración público-privada y advierten de que ignora que este modelo constituye ya “un elemento estructural” del sistema sanitario español.

Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha calificado la norma como una ley “Antisanidad Privada” y sostiene que responde a “un planteamiento ideológico” que limitará herramientas útiles para reducir listas de espera y responder a la presión asistencial. “La sanidad debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes porque al sumar esfuerzos se multiplican los resultados”, afirmó el presidente de ASPE, José Manuel Baltar.

También el Círculo de la Sanidad ha reclamado la retirada del proyecto al considerar que supondrá “un importante varapalo en la sostenibilidad y equidad del sistema” y ha pedido abrir un diálogo para alcanzar un Pacto Nacional de Sanidad.

 

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