Por Medicina Responsable
12 de mayo de 2026El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Gestión Pública, iniciando así su tramitación parlamentaria, para poner freno a las colaboraciones privadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). “Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, transparencia, control democrático y prioridad del interés general”, ha explicado Mónica García, ministra de Sanidad.
Según esta, la nueva normativa se centra en tres actuaciones principales: “Consagrar la gestión directa como el pilar ordinario del SNS, regular cómo tiene que ser esa gestión directa como una fórmula excepcional e introducir nuevas garantías de evaluación, transparencia y rendición de cuentas”.
Así, los centros deberán gestionarse preferentemente por las administraciones sanitarias competentes, entidades del sector público o consorcios. Por tanto, “en coherencia con este enfoque, queda derogada la ley 15/97 que permitió la expansión de diferentes modalidades de gestión privada”, ha añadido García.
Además, para recurrir a la gestión privada, una administración deberá justificar de forma objetiva que no tiene la capacidad para prestar ese servicio, demostrando que la fórmula elegida es sostenible, eficiente y transparente; y demostrar que se asegura la calidad, continuidad y equidad en la atención sanitaria. "Es decir, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados”, ha explicado la ministra, haciendo referencia a la Comunidad de Madrid, territorio en el que, según ella, “el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos”.
Por último, ha señalado que la nueva ley incorporará una evaluación previa obligatoria por órganos colegiados "con personas sanitarias expertas y asociaciones de pacientes" que deberán admitir un informe valorando si la forma de gestión indirecta se ajusta a esta ley. Además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) acordará criterios homogéneos para todas las comunidades.
En este sentido, la ministra ha explicado que la nueva norma también reforzará el control económico en aras de comprobar la sostenibilidad financiera, que se priorizarán las entidades sin ánimo de lucro, que cuenta con medidas de buen gobierno para “comparar, evaluar y mejorar la gestión”, o que la alta inspección podrá asesorar técnicamente para recuperar servicios públicos.
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