Contra los bulos y mentiras a propósito de Muface

Es más que dudoso que la Sanidad pública sea capaz de poder asumir "sin consecuencias" las asistencias derivadas de los funcionarios de las mutualidades.

Supongo, incluso, que existirá la posibilidad de manejar alguna promesa o caramelito por debajo de la mesa, en forma de subida extra, si ocurre tal o cual circunstancia, o pasado un tiempo. Pero no está el patio político como para fiarse demasiado. Sobre todo, porque no tenemos ni idea de quien seguirá en su sitio dentro de dos o tres años, y luego a ver quién se acuerda.

En cualquier caso, se abre un momento idóneo para poder insistir nuevamente sobre lo que aporta a nuestro sistema sanitario el modelo de las mutualidades. Y, sobre todo, para poder reflexionar y rebatir sobre todos los argumentos que esgrimen aquellos que quieren que se extinga.

Hagamos una lista de los principales bulos y mentiras de los críticos de Muface:

1 El modelo de las mutualidades es un modelo antiguo

Es cierto. En realidad, es antiquísimo porque su origen se remonta a los montepíos que se crearon hace dos siglos para dar cobertura social y sanitaria a los trabajadores de diferentes cuerpos y colectivos.

Estos colectivos tuvieron su conversión legislativa allá por los años 70 en los correspondientes estatutos de las mutualidades de funcionarios, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos judiciales: Muface, ISFAS Y MUGEJU, respectivamente. Por tanto, en puridad, el modelo es de hace cincuenta años.

Pero esta circunstancia lo hace incluso más moderno que otras formas de legislación en nuestro sistema sanitario aún vigente, como puede ser el Estatuto Marco, que rige las relaciones estatutarias en el Sistema Nacional de Salud (SNS) desde la época de la dictadura. Y de otras formas de colaboración público-privada para la asistencia sanitaria como pueden ser los convenios singulares, por los cuales se incorporan desde entonces hospitales privados (con y sin ánimo de lucro) a la red sanitaria pública como si fueran un centro público cualquiera.

2 Si los funcionarios quieren tener sanidad privada, que se la paguen

Y algunos lo hacen a parte. Pero, además, los funcionarios que eligen la mutualidad pagan una parte de su cuota y tienen un copago, por ejemplo, de la medicación ambulatoria superior a lo que se paga en el régimen general.

Pero más allá de esto, el hecho de que un colectivo tenga la posibilidad de elegir en esas condiciones entre optar por tener por una provisión sanitaria pública o privada (con un gran nivel de satisfacción) debería hacer pensar más en la posibilidad de ampliarlo a otros colectivos, y no en la mezquindad de quitárselo a ellos.

3 El modelo de las mutualidades es contraintuitivo

España decidió, con la Ley General de Sanidad de 1986, pasar a financiar el sistema sanitario por impuestos en vez de por cotizaciones sociales, como venía haciendo hasta entonces. Es decir, pasamos de un modelo de sistema sanitario denominado tipo Bismarck a un modelo tipo Beveridge, en el cual el Estado es propietario de un Sistema Nacional de Salud y el sistema sanitario privado pasa a ser algo complementario o accesorio, que se utiliza si es preciso.

Ante este cambio, dicen que la persistencia de un resto de sistema financiado por cotizaciones sociales, como es el del mutualismo administrativo, está fuera de lugar por contraintuitivo. Sin embargo, en eso precisamente recae una de las fortalezas de nuestro sistema sanitario. La variedad de modelos de gestión que existe dentro del mismo y que permite que se dé una competencia real entre unos y otros para mejorar la asistencia a los ciudadanos.

En cualquier caso, lo que se podría considerar fuera de lo esperable es el hecho de que en un modelo sanitario tipo Beveridge haya más de un 26% de ciudadanos con un seguro sanitario privado voluntario. O que las infraestructuras de nuestro sistema sanitario sean en un 40% de titularidad privada.

4 La asistencia sanitaria privada está vinculada con mayores índices de mortalidad y con un empeoramiento de la calidad asistencial 

Este es un argumento que se deja caer como si nada en la actualidad para ir contra el modelo de las mutualidades, y de paso para poner una pica en contra de la colaboración público-privada.

Tiene su origen en un artículo publicado en el año 2012 en la revista Journal of Epidemiology and Community Health, y ha sido el clavo ardiendo al que se han agarrado todos los detractores de la colaboración público-privada en el sector sanitario. La realidad es que nunca se ha demostrado que la gestión sanitaria privada produzca peores resultados en Salud, y mucho menos en nuestro país. De hecho, de ser así, estaríamos poniendo en duda alguno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, que se basan precisamente en la concurrencia de instituciones públicas y privadas para generar mayor competencia y mejorar los resultados sanitarios.

El artículo mencionado y algún otro se refieren a circunstancias muy puntuales en algunos países concretos, cuyas conclusiones generales han sido cuestionadas por sesgadas por una parte de la literatura científica. Y que van en contra de otros artículos, ahora sí, de nuestro país (Universidad de Granada, Universidad Pompeu Fabra, Sindicatura de cuentas de la Generalitat valenciana, etcétera) que demuestran excelentes resultados en la gestión privada de la Sanidad pública.

5. El SNS es capaz de asumir sin consecuencias los 1,5 millones de funcionarios 

La realidad es que la Sanidad pública en nuestro país está al límite en cuanto a su capacidad productiva. Un reciente estudio del propio Ministerio de Sanidad pone en valor que, a pesar de los incrementos en los Presupuestos destinados a las CCAA en los últimos años, el número de intervenciones quirúrgicas realizadas dentro del SNS no ha sido capaz de llegar aún al número que se hacía el año anterior a la pandemia.

De hecho, en los últimos ocho años se ha multiplicado por dos el número de pacientes en listas de espera quirúrgica y casi por tres el número de pacientes que esperan una primera consulta con el especialista. Ante estos datos, es más que dudoso que el SNS sea capaz de poder asumir "sin consecuencias" las asistencias derivadas de los funcionarios de las mutualidades (en una proporción de mayor edad que la población media, por cierto, y por tanto más necesitados de servicios sanitarios).

Todo indica que tienen razón los informes del sector que hablan de que la extinción del modelo de las mutualidades implicaría el incremento del número de pacientes en listas de espera por encima del 100%.

6 Con el dinero que se destina a las mutualidades, las CCAA pueden asumir la asistencia sanitaria de los funcionarios 

Como hemos explicado en el párrafo anterior, la incapacidad de las CCAA no está sólo vinculada a una falta de financiación suficiente. Si no, sobre todo, a una falta de recursos humanos y de infraestructuras propias, y a una evidente falta de productividad de los mismos.

En definitiva, nuestro modelo sanitario se basa en la coexistencia de un sector público de gran capacidad y alcance con un sector sanitario privado con mucha flexibilidad y dinamismo. Es en la combinación y coexistencia de uno y otro en lo que nuestros ciudadanos encuentran uno de los modelos mejores y más resilientes del mundo.

Deberíamos buscar cómo aprovechar más todavía las sinergias de ambos sistemas, poniendo en común los recursos de unos y otros a fin de saber qué puede hacer cada uno mejor en función de los mismos, en lugar de tratar de dar pasos para atrás por cuestiones ideológicas o políticas. Al final solo importa dar la mejor atención que se pueda a los ciudadanos. Y hay mucho más por construir que por destruir.

Juan Abarca es presidente de la Fundación IDIS.

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