Por Juan García
29 de octubre de 2024La aplicación de un reglamento europeo que busca combatir la circulación de medicamentos falsificados tendrá un efecto colateral que supone un “duro golpe al derecho al acceso a los medicamentos de las personas mayores”, según denuncia la Asociación Estatal de Servicios Residenciales (Aeste). Con la aplicación de esta legislación, las residencias de mayores y los centros psiquiátricos no podrán acceder de forma anticipada a medicamentos financiados con fondos públicos para casos de urgencia, como venía siendo habitual.
Hace cinco años que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la trasposición de un reglamento europeo que trata de mejorar la trazabilidad de los medicamentos para evitar falsificaciones y prácticas fraudulentas, sin embargo, su entrada en vigor se producirá el 1 de noviembre. Con esta norma, la adquisición de medicamentos solo será posible tras desbloquear el código identificador que están obligadas a incluir las farmacéuticas en los envases.
Desde Aeste explican que una práctica habitual en las residencias y psiquiátricos de nuestro país es agilizar la prescripción de medicamentos para hacer frente a urgencias, “como parte del día a día de los cuidados” en estos centros, precisan. De esta forma, las farmacias adelantan los medicamentos cuando los pide el médico de estos centros, permitiendo que la receta del médico de cabecera se entregue de forma posterior. Una situación a la que pondrá fin esta nueva ley y que, según advierten desde Aeste, “revela las carencias del sistema”.
La patronal denuncia que el reglamento europeo recoge diversas excepciones entre las que se encuentra esta “flexibilidad” en residencias de mayores, pero que el Gobierno no ha incluido al transponer esta norma a la legislación estatal. “La exclusión de los centros residenciales de la excepcionalidad hace que la norma resulte incompatible con el funcionamiento actual de la dispensación de medicamentos”, señala Aeste en un comunicado.
Aun así, la secretaria general de AESTE, Josune Méndez, afirma que “la solución a esta situación no puede ser en ningún caso que los residentes paguen los medicamentos, ya que entonces se está vulnerando su derecho al acceso a la medicación”. Y es que, la única manera que tendrán los residentes de acceder a los medicamentos financiados será asistiendo de manera presencial a los centros de Atención Primaria o a las urgencias, lo que, según Méndez “puede suponer el colapso del Sistema Nacional de Salud”.
De hecho, el procedimiento actual tiene como objetivo poder hacer frente a las urgencias en los centros residenciales sin colapsar los centros sanitarios. “Esto permite que se atienda con rapidez a los residentes y, a la vez, su medicación quede cubierta por la Seguridad Social, derecho que les asiste”, apuntan desde Aeste.
Desde la patronal lamentan que el Gobierno no haya actuado frente a esta situación en los cinco años desde su publicación y señala que “los principales afectados” serán “las personas mayores y su derecho al acceso a la medicación”.