El desabastecimiento de medicamentos en España tiene difícil solución

Los problemas de suministro de medicamentos son el principal reto de la industria farmacéutica de cara a los próximos años. Farmacéuticos, empresas y asociaciones señalan las dimensiones globales de un problema que en España se ve agravado por la excesiva presión para “buscar la compra al precio más bajo”, según señalan fuentes del sector a Medicina Responsable. 

Aunque las directivas europeas y la ley nacional de uso racional de medicamentos prestan atención a garantizar el suministro y fomentar mecanismos de compra de medicamentos que hagan sostenible la producción, en nuestro país hay una “absoluta desconexión entre la industria farmacéutica y la administración”, lamentan desde el sector. Por ello, hacen hincapié en buscar las fórmulas para favorecer la rentabilidad económica de la industria farmacéutica y sostenibilidad del sistema.

La competencia por ofrecer el precio más bajo llega a hacer inviable la producción para las empresas nacionales y europeas, que soportan unos costes de producción considerablemente mayores a los de compañías de países como China o la India. “La deslocalización de la fabricación nos provoca una rentabilidad cada vez más baja”, explican las citadas fuentes. El resultado: menos empresas fabricando y más problemas de suministro.

“Cuando la producción no sale rentable para España se termina enviando a otros países. No es la farmacéutica la que pierde, son los pacientes”. Varios informes a los que ha tenido acceso este medio revelan casos de fármacos especialmente llamativos, como el medicamento genérico lenalidomida, que salió al mercado con una rebaja del 99% sobre el precio del medicamento original, lo que provocó que muchas compañías salieran de la puja por suministrarlo a nuestro país. 

Es la “crónica de una muerte anunciada”, denuncian desde el sector. “La pandemia nos enseñó muchas cosas, pero parece que no hemos aprendido nada”, explican las mismas fuentes. . Según un informe de la organización Medicine for Europe, que representa a la industria de los genéricos en Europa, en los últimos años han desaparecido en el continente el 26% de los genéricos. Así, se han dejado de producir un 33% de antibióticos y un 40% medicamentos contra el cáncer. 

“Se puede comprar de otra forma”

Desde el sector farmacéutico reconocen su parte de culpa en estas situaciones, por haber entrado en dinámicas competitivas “temerarias”. Por ello advierten de que el ahorro que supone comprar siempre al precio más bajo también supone un “coste de oportunidad altísimo para la sostenibilidad del sistema”.

Las fuentes consultadas señalan que “lo ideal sería una modificación de la ley de garantías y uso racional de medicamentos para determinar si el sistema de fijación de precios actual es el correcto”. Sin embargo, este escenario se antoja poco realista a corto plazo, por lo que defienden que existen otras fórmulas para realizar contratos de compra que no vayan contra la norma.

“No es un problema jurídico. Podría haber mayor seguridad jurídica o mejores normas, pero se puede comprar de otra forma”, señalan. Una de estas fórmulas es la firma de un acuerdo marco que incluya varios adjudicatarios. Esta vía jurídica que ofrece la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para centros hospitalarios permitiría paliar o reducir las faltas de suministro o posibles desabastecimientos, garantizando la asistencia del paciente.

Comunidades como Baleares o Navarra han implementado modificaciones legislativas que se adaptan a las necesidades específicas de la compra de medicamentos. Hay ejemplos en nuestro país de contratos aplicados que recogen cláusulas específicas para favorecer la producción de empresas nacionales y europeas frente a las compañías extranjeras, como el establecimiento de una cláusula social que obligue a la empresa contratada a tener acuerdos con entidades del tercer sector (algo que no es frecuente entre los gigantes farmacéuticos asiáticos). 

Una última fórmula más atrevida es la contratación sin seguir la (LCSP) a través de acuerdos públicos de adquisición sin elección de adjudicatarios. Es decir, acogerse a la normativa europea en lugar de a la nacional. “Es una vía más arriesgada que probablemente requeriría dar explicaciones judiciales, pero la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dice que el contrato público es de competencia europea”.

Para llevar a cabo estas fórmulas que suponen salirse del “acomodamiento en la seguridad jurídica”, la confianza entre administraciones y empresas es el requisito indispensable. “Tenemos que remar todos en la misma dirección. La administración desconfía de la industria porque piensa que solo mira por sus beneficios y las empresas porque creen que van a ir contra sus intereses”, concluyen las fuentes. 

---