La disputa por la especialidad centra el debate sobre el intrusismo en la cirugía estética

La normativa sacada adelante por el Ministerio de Sanidad para poner coto al intrusismo en la cirugía estética ha quedado suspendida de forma cautelar tras la admisión por parte de la Audiencia Nacional de un recurso interpuesto por la Sociedad Española de Cirugía Estética (SECE). De esta manera, la disputa sobre qué médicos están capacitados para realizar estas intervenciones ha llegado a un punto muerto, avivando la disputa entre cirujanos con la especialidad y sin ella. 

En el sector, el número de cirujanos con el título de la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es sensiblemente inferior al volumen de profesionales que la ejercen en la práctica. Desde el sector de los especialistas llevaban años denunciando el riesgo que supone que profesionales de otros ámbitos realicen estas intervenciones y reclamaban una legislación que delimitara la práctica a quienes tienen la especialidad. Sin embargo, desde la SECE critican que se excluya a médicos que llevan años ejerciendo por no tener la especialidad y defienden que se permita ejercer a “quien demuestre tener la experiencia y la capacidad suficiente para ello”. 

Para el doctor César Casado, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, la decisión de la Audiencia nacional es “un error”. “Se había puesto orden diciendo a qué se tenía que dedicar cada especialidad”, considera Casado. El doctor critica que los profesionales que practican estas intervenciones sin la especialidad han querido “ejercer por la puerta de atrás y de forma ilegal”. 

Por su parte, desde la SECE sostienen que hay muchos profesionales que llevan años realizando cirugías estéticas sin la especialidad y “sin tacha” en su experiencia y reclaman una vía para que estos no se vean excluidos como intrusos. Su presidente, Joaquín García, señala a Medicina Responsable que “la especialización del sistema MIR es para el sistema público, pero que eso es independientemente del ejercicio privado”. El abogado de esta asociación, Ricardo Ibáñez achaca a “intereses comerciales” el hecho de que “los cirujanos con la especialidad quieran tener la exclusividad”. En este sentido, reclaman que se realice algo parecido a la regulación que se realizó para los Mestos, de forma que la especialidad no sea el único camino.

A este respecto, el doctor Casado apunta que la solución es que esos profesionales se homologuen acreditando su experiencia a la Comisión Nacional de la Especialidad. “Es como si yo me pongo a orperar neurocirugía o cirugía cardiaca”, apunta Casado. Una cuestión en la que discrepa Ibáñez, quien defiende “la ley nunca ha contemplado que las especialidades sean compartimentos estancos”.

Para el doctor Casado, el problema del momento actual es “la inseguridad jurídica” que genera el recurso presentado a la Audiencia Nacional y vaticina que provocará la “fuga de profesionales fuera de España por el maltrato profesional”.  

Conflicto jurídico

La disputa sobre quién puede ejercer la cirugía estética es la cuestión central del recurso presentado por la SECE pero, por ahora, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado a este respecto. En realidad, la suspensión cautelar de la orden ministerial que restringía estas prácticas a profesionales con la especialidad o con “formación específica” en este campo ha llegado por una cuestión de procedimiento jurídico. 

El abogado de la SECE critica que esta medida, conocida popularmente como “ley Sara” por haber nacido a raíz del fallecimiento de una joven tras realizarse una intervención de cirugía estética, “ni es una ley, ni tiene rango para limitar el intrusismo”. Desde la SECE se desmarcan del caso de esta joven que dio pie a la reforma legal y señalan que ese caso fue “realizado por un cardiólogo que no tiene nada que ver con nosotros. “Ellos quieren que todo acto de embellecimiento corporal sea materia de los cirujanos estéticos y la norma no dice eso, además eso se tendría que regular por ley y no cómo se ha hecho”, señala. 

“Es un principio básico en derecho que una orden ministerial no puede modificar una norma superior como un Real Decreto, que es la norma superior”, argumenta Ibáñez.

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