España registra la mayor cifra de personas que no buscan empleo por salud en casi dos décadas

Uno de los datos más llamativos en materia de salud que se extraen de la última Encuesta de población activa son los referentes a las personas que ni están empleadas ni buscan trabajo debido a problemas de salud. Según estos datos, correspondientes al segundo trimestre de 2024, en nuestro país hay 1,89 millones de personas inactivas por esta razón, la cifra más alta desde 2006.

Estas cifras tienen un importante impacto en el mercado laboral y, además, en las arcas públicas por las correspondientes prestaciones por incapacidad. Los estragos para la salud de la actividad laboral van en aumento en los últimos años, tanto por causas físicas como psicológicas. Respecto a la última cifra más elevada registrada hace 18 años, se aprecia una reducción de la brecha de género en este sentido. Si entonces más del 70% eran mujeres, ahora los varones superan por poco a las mujeres, con 964.00 y 927.000 respectivamente.

Más de la mitad de estos ciudadanos inactivos (54%) tienen más de 55 años. Otra cifra récord se registra entre las personas empleadas a tiempo parcial por problemas de salud, que superan por primera vez las 60.000 personas.

Entre el total de la población inactiva, los que lo son por enfermedad o incapacidad suponen el 20% en el caso de los hombres y el 17% en el caso de las mujeres. Esto significa que en torno a uno de cada cinco personas que ni tienen empleo ni lo buscan lo hacen por motivos de salud. 

El envejecimiento de la población o los efectos de la pandemia son algunas de las causas que podrían explicar este aumento de los inactivos enfermos. La comparativa es especialmente llamativa con el año 2019, donde se registra un aumento superior al 80% en el número de personas inactivas por esta razón.

Puestos de trabajo adaptados

Una de las últimas medidas del gobierno en esta materia fue establecer la prohibición del despido automático por incapacidad permanente. De esta forma, se incluirá la posibilidad legal  de que el trabajador, si así lo quiere, pueda exigir a su empresa que intente adaptar su puesto de trabajo. Una vez comunicada esa intención, la empresa dispondrá de tres meses para reubicar al trabajador y finalmente, si no es viable, extinguir el contrato. El objetivo de este cambio regulatorio es “corregir la discriminación y evitar que la definición de persona discapacitada en el mundo del empleo lleve consigo la extinción automática de la relación laboral”, según señaló la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz al presentar la medida. 

---