Por Virginia Delgado
3 de marzo de 2025El sector veterinario está en pie de guerra contra el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Según este colectivo, esta disposición general que el Gobierno ha añadido como norma complementaria al Reglamento UE 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, les impide desarrollar su trabajo “correctamente”. “Introduce restricciones como la prohibición de que los veterinarios dispensen medicamentos directamente o la obligación de hacer un cultivo previo antes de aplicar un antibiótico”, explica a Medicina Responsable Pedro Ruf, veterinario clínico. Unas limitaciones que han provocado la muerte de mascotas, como la de una perra de Galicia llamada Selva.
Desde el 1 de enero de 2025, los veterinarios tienen la obligación de notificar telemáticamente sus prescripciones a través del Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET). Una exigencia que consideran una carga burocrática excesiva que retrasa su trabajo y no aporta mejoras reales en el control de los fármacos.
Hacer caso omiso a este imperativo trae consigo sanciones que pueden ir de los 600 al 1.200.000 euros. “Estas multas económicas nos parecen desproporcionadas. Son mucho mayores a si, por ejemplo, conduces a 150 km/h. Nos parece un absurdo y un despropósito”, comenta Ruf. No obstante, después de las protestas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está valorando unas modificaciones de las cuantías, que están a la espera de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para los veterinarios, la Ley del Medicamento, como popularmente se conoce a este real decreto, es una medida rígida e ineficaz porque considera a todos los animales iguales, ignorando las necesidades médicas específicas. “Ralentizan el tratamiento de una forma innecesaria. Primero, porque se restringe el acceso a los antibióticos y, segundo, por la obligatoriedad del cultivo. Los resultados de este llegan a los seis o siete días del envío. En todo este tiempo, el proceso que sufre el animal puede agravarse muchísimo. Se frena nuestra manera de actuar”, añade Ruf.
Profesionales como este veterinario clínico consideran que la norma debería centrarse en otras cosas, como en el formato de las cajas de los medicamentos. “Se dispensan envases con muchos más comprimidos de los que el animal necesita para realizar un tratamiento puntual. Algo paradójico porque se supone que estamos luchando frente a la resistencia de los antibióticos”, explica.
Con ello, Pedro Ruf hace referencia a uno de los objetivos que, según el Gobierno, tiene la Ley del Medicamento: luchar contra la resistencia a los antibióticos que se desarrolla cuando hay una exposición continuada. Desde hace un tiempo, los profesionales sanitarios están advirtiendo sobre su administración continua a los animales de granja. Se ha comprobado que este hábito está afectando a las personas por el consumo de los productos de origen animal, en particular huevos y lácteos, desarrollando dicha resistencia.
De todos los países de Europa, España e Italia han sido los que más restricciones han puesto a la norma europea. El veterinario clínico piensa que “es cuestión de lobbies”. “Los que tienen más capacidad de negociación o de gestión son los que hacen presión para que la voz del veterinario quede muchas veces ninguneada”, manifiesta.
Estos profesionales creen que el Ministerio no toma el camino que ellos consideran el más idóneo porque siguen considerando a los pequeños animales como una extensión de la ganadería. “Pienso que es uno de los principales problemas, más allá de que no nos consideran sanitarios. Lo que intentamos reivindicar es nuestro carácter evidentemente sanitario”, añade Pedro Ruf.
El colectivo de veterinarios ha llevado su disconformidad a la calle, organizando varias manifestaciones. La próxima será el miércoles 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una protesta que se diferenciará de las otras porque, como explica el veterinario clínico, “ha conseguido unificar una voz. Hace muchísimo tiempo que no teníamos ese consenso de criterios. Esta protesta conjunta será percibida por la sociedad como derechos que son importantes para todos”. A la convocatoria acudirán, el Colegio de Veterinarios de Madrid, la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC), la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA), la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), decanas de las facultades madrileñas de veterinaria y la plataforma VETSUNIDOS.
Los profesionales consideran que esta manifestación podría ayudar a modificar el real decreto. “Tenemos un respaldo social que no hemos tenido hasta ahora, también visibilidad a través de las redes sociales. Además, los propietarios de mascotas están muy sensibilizados y creo que ese apoyo es fundamental para que los estamentos oficiales puedan recapacitar”, concluye Ruf.