Por Julia Porras
15 de noviembre de 2023En pleno debate de investidura de Pedro Sánchez, los acuerdos pactados en días previos con los partidos nacionalistas, sobre todo los que se refieren al ámbito sanitario, siguen provocando reacciones entre la profesión médica. La medida más polémica, la que hace referencia a una posible transferencia de competencias MIR, acordada en Galicia tras el acuerdo del PSOE con BNG (Bloque Nacionalista Gallego), y, ahora, en Cataluña, gracias al pacto firmado con Junts per Catalunya, continúa provocando reacciones de rechazo por parte de la mayoría de los sectores profesionales sanitarios.
La Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), asociación profesional de médicos de ámbito nacional, advierte de las consecuencias negativas que tendrá la cesión de las competencias en Formación Sanitaria Especializada (FSE) recogidas en el artículo 162, punto tercero, del Estatuto de Cataluña de 2006, que se contempla en el punto 3 del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya. Este artículo dice que “corresponde a la Generalitat, en todo caso, la competencia compartida en los siguientes ámbitos: la formación sanitaria especializada, que incluye la acreditación y la evaluación de centros; la planificación de la oferta de plazas; la participación en la elaboración de las convocatorias y la gestión de los programas de formación de las especialidades y áreas de capacitación específica y la expedición de diplomas de áreas de capacitación específica”.
De acuerdo con MUD, la posibilidad de crear plazas de FSE para médicos a nivel de alguna o todas las Comunidades Autónomas, sin control por parte del Ministerio de Sanidad, puede contribuir a una desproporción entre el número de especialistas y los necesarios. “Sin la coordinación actual de la comisión interterritorial del Ministerio de Sanidad se generarán con mayor facilidad situaciones de déficit o superávit de profesionales repercutiendo negativamente en la atención sanitaria de los pacientes y en los derechos laborales de los trabajadores”, explican mediante un comunicado. Además, apuntan que la posibilidad de variar los programas de formación en FSE en cada comunidad autónoma conlleva el riesgo de que especialistas en distintos puntos del país no dispongan de competencias homogéneas. Eso sin contar que podrían aparecer problemas de homologación de los títulos, si no existe una homogeneización a nivel nacional.
MUD destaca que, más allá de las implicaciones de esta posible transferencia del sistema MIR, la situación de la sanidad catalana, en cuanto a FSE se refiere, tiene graves problemas como la gran proporción de médicos que no quieren formarse en Medicina Familiar y Comunitaria, más de un 15% de las plazas ofertadas este año, sobre todo debido a las precarias condiciones laborales en esta especialidad. “Es por ello que, en defensa del Sistema Nacional de Salud, de la sanidad pública, de los médicos y pacientes españoles y, en particular, de los médicos y pacientes catalanes, nos oponemos con rotundidad a la ruptura del sistema MIR”, concluyen desde MUD.
Las comunidades también lo rechazan
La oposición a esta medida no sólo ha venido por parte de las organizaciones y sindicatos médicos; algunas comunidades autónomas también se han mostrado contrarias a esta posible transferencia MIR. Así, la Junta de Castilla y León ha manifestado, a través de un comunicado, su rechazo a esta medida ya que considera que es "generadora de desigualdades en la formación y que provocaría falta de cohesión en los actuales estándares de calidad". Para Castilla y León supondría la “ruptura del modelo actual”.
La Comunidad de Madrid, en boca de su consejera de Sanidad Fátima Matute, se ha referido a esta medida como un “despropósito” que generaría una “falta de equidad para el Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón ha abogado por continuar con la cohesión nacional de la FSE y ha lamentado que sea “objeto de negociación política”. Marciano Gómez, conseller de la Comunidad Valenciana, también ha criticado esta medida aludiendo que sería “una nueva desigualdad entre españoles”.
Por último, Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha advertido que la transferencia MIR “puede suponer una pérdida en la equidad, además de dificultar el acceso a la formación especializada y agravar la falta de profesionales que sufre el sistema”, por lo que ha pedido al ministro de Sanidad, José Miñones, que mantenga el actual modelo.
Una medida controvertida desde el primer momento
Tal y como expresó Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), los pactos que está llevando a cabo el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez con diferentes partidos autonómicos está comprometiendo elementos esenciales del sistema nacional de salud en aras de un objetivo político. Para Toranzo, esta medida supondría “la ruptura de un sistema que permite la movilidad, homogeneidad y equidad de los profesionales, dañando, además, en última instancia, la calidad asistencial de los pacientes”.
Otras voces como la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), el sindicato AMYTS, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) o la Organización Médico Colegial (OMC), también han mostrado su completo rechazo a esta medida.
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