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Una sentencia pionera reconoce el derecho de una madre a elegir entre parto natural o cesárea

Condenan al Hospital Materno Infantil de Las Palmas a pagar un millón de euros por no informar a la madre sobre los riesgos y dar su consentimiento informado

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Una sentencia pionera reconoce el derecho de una madre a elegir entre parto natural o cesárea

Por Julia Porras

12 de mayo de 2023

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia pionera contra el Servicio Canario de Salud, y más concretamente contra el Hospital Materno Infantil de las Palmas, obligándolo a indemnizar a una madre con un millón de euros por prolongar un parto gemelar durante 17 horas y considerarlo un acto de “violencia obstétrica”.

La mujer acudió al hospital para dar a luz a sus gemelos y, tras 17 horas, uno de los bebés sufrió un daño cerebral irreversible que le ha provocado una discapacidad del 83%, por no practicarle una cesárea.

La sentencia afirma que el hecho supone una “violación por parte de los facultativos del derecho de la madre a conocer sus opciones y dar su consentimiento informado”. La madre, al parecer, no fue advertida de los peligros para los fetos y para ella misma y los médicos persistieron en el intento de parto natural, a pesar de que estaba siendo infructuoso tras varias horas.

La decisión de los médicos que estaban atendiendo el parto de alargar este proceso por vía natural ha provocado lesiones cerebrales irreversibles a uno de los bebés. El texto de la sentencia alega que “se observa una imposición contra legem (contra le ley) del criterio médico de que la recurrente diera a luz por parto natural, sometiéndola a un extenuante parto de 17 horas y con un resultado funesto para uno de los hijos, y que ninguna cantidad jamás podrá resarcir”. De hecho, se recalca que los médicos hurtaron a la parturienta de la posibilidad de que pudiera elegir entre cesárea o parto natural.

Durante el juicio, los portavoces del Servicio Canario de Salud alegaron que la última palabra pertenece al obstetra, sin embargo, los magistrados han rechazado de pleno este argumento aludiendo que “la decisión final no es del facultativo sino de la paciente, una vez informada de sus opciones, porque lo contrario es soslayar los derechos que la Ley reconoce a los pacientes y en este caso a la mujer que va a dar a luz”.



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