Por Juan García
6 de noviembre de 2024Más de 1,5 millones de funcionarios afrontan la incógnita del futuro de su prestación sanitaria tras el plantón de las aseguradoras a la nueva licitación del concierto de Muface. Desde la mutualidad han emplazado a los sindicatos a una reunión urgente y han trasladado a UGT que se garantizará la continuidad de la prestación sanitaria aun después de la finalización del concierto, tanto para los titulares como para los beneficiarios.
"Con posterioridad a la fecha de finalización del concierto se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público", señaló Muface, lo que significa que el Gobierno puede prorrogar el servicio hasta nueve meses más atendiendo a circunstancias de interés público, si presenta una nueva licitación, como ya ha anunciado que hará.
El centro de la discrepancia y el argumento que han dado las aseguradoras para no presentarse a la licitación es el aspecto económico. Tanto sindicatos como asociaciones de la sanidad privada vienen señalando que la oferta realizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es insuficiente y reclaman un aumento que se ajuste a las necesidades de la cobertura sanitaria de los funcionarios.
Desde UGT Servicios Públicos han remarcado que mantendrá su exigencia de que la calidad del servicio no se vea afectada. El sindicato ha venido denunciando que los servicios que ofrecen las compañías que forman parte del concierto no cumplen con los parámetros de calidad establecidos, como tampoco lo hacen con las prestaciones que están obligadas a ofertar conforme a lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los conciertos sanitarios. Por ello, reclaman que se revisen las condiciones de la oferta actual “para asegurar y garantizar la salud de los mutualistas”.
Entre la subida planteada por la administración (un 17% en dos años) y la que demandan las aseguradoras (un 40%) hay una importante brecha que hace temer por la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Las posturas no se han movido desde que se comenzara a hablar de las negociaciones y, aunque el proceso ha seguido adelante, la falta de acuerdo hace que muchas voces del sector sanitario se muestren críticos con la respuesta de la administración y teman las consecuencias de que este cupo de pacientes emigre en masa a la sanidad pública, con el consiguiente aumento de la presión asistencial para un sistema ya de por sí bastante tensionado.
La inquietud cala especialmente entre las comunidades autónomas, quienes serían las encargadas en última instancia de asumir la presión asistencial derivada de incluir en las agendas de los profesionales sanitarios a los pacientes de Muface. La preocupación para estas administraciones es que la desazón que se está cociendo con la asistencia sanitaria de Muface provoque un éxodo de los funcionarios a la sanidad pública. El propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, constató esta tendencia al hablar de la situación de Muface: “En los últimos diez años ha aumentado un 66% el número de funcionarios de Muface que pasan al SNS. Ahora mismo de Muface lo que tenemos es 457.000 personas en el Sistema Nacional de Salud y un millón en aseguradoras privadas”.
María Martín, consejera de Sanidad de La Rioja, también se mostró crítica con la postura del Ministerio y le achacó motivaciones “ideológicas” a la hora de valorar el futuro de Muface “sin haber estudiado o planificado qué va a pasar”.
Una visión que comparten desde la industria farmacéutica, con fuentes que señalan a Medicina Responsable que esta crisis era una situación que “se veía venir” y acusan al gobierno de buscar el colapso de Muface.
El modelo de Muface está en un momento clave y la principal cuestión es cómo quedará tras esta negociación, si finalmente sale adelante una nueva licitación.