La crisis de Muface inquieta al sector sanitario

El pulso entre el gobierno y las aseguradoras en la negociación sobre la renovación del concierto de Muface se ha saldado con el portazo de estas compañías a la oferta actual, dejando desierta la licitación. Ni las tres aseguradoras que venían prestando asistencia sanitaria a los funcionarios hasta ahora (Adelas, DKV y Asisa) ni ninguna otra se ha presentado, dejando en el aire la cobertura sanitaria de 1,5 millones de funcionarios. 

La razón que dan las compañías para tomar esta decisión es algo que ya habían advertido en repetidas ocasiones desde el sector de la sanidad privada y los sindicatos: la falta de rentabilidad por la “insuficiente” oferta del Gobierno. 

Ante esta situación, desde el Ministerio de Función Pública han anunciado que se encuentran trabajando en una nueva licitación, aunque la otra opción que se baraja es el establecimiento de una prórroga forzosa de nueve meses del concierto actual. 

La incertidumbre marca el nuevo escenario abierto tras la negativa de las aseguradoras, una situación inédita en la historia de Muface, por lo que en el sector sanitario crece la preocupación ante las posibles consecuencias del fin del modelo de mutualidad y crecen las críticas por la gestión de la administración de esta situación.

Críticas por la postura de Sanidad

Aunque el Ministerio de Sanidad no tiene potestad sobre esta materia, las consecuencias de su fracaso pasarían directamente a ser asunto suyo. Es por ello que, desde algunas comunidades autónomas, le afean al departamento que dirige Mónica García su ambigüedad en este asunto. Aunque la ministra defiende que su intención no es acabar con el modelo de Muface, también lo calificó recientemente de “anacrónico”. 

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha incidido en su postura de que los funcionarios deberían estar cubiertos por la sanidad pública. En un mensaje a través de su perfil en la red social X, Padilla ha afirmado que “no parece ninguna ‘marcianada’ pensar en que los empleados públicos de un país sean atendidos por la sanidad pública”. Fue una idea que ya expresó hace un mes al ser preguntado por esta cuestión, cuando sostuvo que la existencia de esta mutualidad no es un “privilegio, sino un perjuicio” de los funcionarios. Padilla defendió, además, que “en un sistema democrático, lo lógico es que los empleados públicos estuvieran dentro de la sanidad pública” y que, de contar con la financiación adecuada, la sanidad pública sería capaz de absorber este cupo de pacientes.

Frente a estas posturas de los responsables del Ministerio, la consejera madrileña, Fátima Matute, fue la última dirigente autonómica en criticar el cambio de criterio de García en una entrevista para Medicina Responsable: “Cuando entró de ministra, lo primero que dijo era que iba a desaparecer. Al poco tiempo dijo que era fantástica porque alguien debió de hacerla ver lo que iba a suponer que desapareciera”. 

Más lejos llegó la patronal de la sanidad privada, ASPE, al acusar al Gobierno de querer acabar deliberadamente con el modelo de Muface. Desde las aseguradoras sostienen que la subida de las primas ofertada por la administración es insuficiente para hacer frente al coste de prestar estos servicios y hablan de pérdidas millonarias que, en el caso de DKV, cifran en más de 70 millones de euros anuales.

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