CSIF culpa al Gobierno de “poner en riesgo la asistencia sanitaria de sus funcionarios”

La prestación sanitaria de los funcionarios está en el aire tras la decisión de las aseguradoras Asisa, DKV y Adelas de no presentarse al concierto sanitario de Muface. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya habían advertido de que la oferta realizada por el Gobierno, con un incremento de las primas del 17%, era “insuficiente” y ahora le acusan de “poner en riesgo o la asistencia sanitaria de sus funcionarios tras la renuncia de las aseguradoras”. 

A través de un comunicado, el sindicato ha anunciado la convocatoria de manifestaciones para el próximo lunes 11 de noviembre en las subdelegaciones de Gobierno de toda España y exigen al ministro de Función Pública una reunión “urgente” para que “dé soluciones que garanticen la continuidad del modelo”. Un modelo por el que desde CSIF aseguran que “seguirán luchando”, para lo cual tomarán “todas las medidas de presión que considere oportunas”. 

CSIF califican las condiciones del concierto de “cicateras”, lo cual ha motivado la salida de las aseguradoras. En este sentido entienden que se eliminan las garantías para que los más de un millón y medio de funcionarios y sus familias continúen recibiendo una asistencia sanitaria a través de Muface. 

De cara a la nueva licitación que el Gobierno ha anunciado que lanzará, desde el sindicato piden que “garantice una subida de primas que permita la continuidad del modelo”. 

La privada defiende que el modelo de Muface reduce la presión asistencial

Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) instan a la administración a “reconsiderar la situación” y que publique “una nueva licitación que contemple unas condiciones aceptables para garantizar la supervivencia” del modelo actual”.

En este sentido, recalcan que “el mutualismo administrativo reduce la presión asistencial en el sector público y evita el incremento de las listas de espera”. Para la Fundación IDIS, este modelo “aporta beneficios tangibles al Sistema Nacional de Salud”. Además subrayan que siete de cada diez funcionarios “elige de forma voluntaria recibir su atención médica a través de la sanidad privada”.

La Fundación IDIS achaca esta situación “de alto riesgo de viabilidad” del modelo a la “infrafinanciación y la alta siniestralidad del colectivo”, generando pérdidas a las aseguradoras y la “imposibilidad de garantizar la calidad asistencial”.

Riesgo de colapso del sistema sanitario

La gran preocupación en el sector son las consecuencias que traería la desaparición del actual modelo de Muface, por la migración de estos profesionales a la sanidad pública. El presidente de la Sociedad de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Polo, señala que si la pública tuviera que asumir este cupo de pacientes procedentes de Muface “el sistema podría colapsarse aún más de lo que ya está”.

En este sentido, vaticina que la desaparición de Muface haría necesario aumentar las plantillas por la mayor saturación de las agendas y provocaría una disminución de la calidad de la atención sanitaria, no solo para los funcionarios, sino para todos los pacientes. 

El doctor Polo entiende que “las empresas privadas buscan la rentabilidad” y que, ante “una asistencia sanitaria cada vez más cara, habrán hecho cálculos y no le cuadrarán los números”. Más que preocupación, tras “todo lo que está cayendo sobre la AP en los últimos años”, el doctor asegura quedarse con “cara de póker” ante lo que supondría las consecuencias de la crisis de Muface.

Desde el Gobierno aseguran que la cobertura sanitaria de los funcionarios sigue estando garantizada conforme a las prórrogas y los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público mientras se licita un nuevo concierto. A juicio del doctor, la solución pasa por que la administración “haga un esfuerzo y aumente la dotación” o que lo inyecte “de una vez por todas en una reforma de la AP donde se contrate personal suficiente para atender a la población”. 

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