
Por Medicina Responsable
18 de noviembre de 2025El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, número dos de la ministra Diana Morant, tuvo constancia desde marzo de este mismo año de la denuncia interpuesta por el presunto robo de 25 millones de euros destinados a la lucha contra el cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según ha publicado el diario El Mundo, el denunciante de los hechos, el director de Operaciones y de Cumplimiento Normativo de la entidad, envió por carta en varias ocasiones las pruebas que entre varios trabajadores recabaron sobre los supuestos contratos públicos fraudulentos, sin recibir respuesta en ninguno de los casos.
Los escritos fueron enviados en marzo y agosto, y alertaban de los contratos amañados, fraccionados, sin contraprestación o inflados, así como las supuestas irregularidades que sitúan como principal acusado a Juan Arroyo, gerente del CNIO hasta el pasado mes de enero. “Su receptor fue el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, número 2 de Diana Morant desde su nombramiento en 2023. Cigudosa ni siquiera respondió a la primera misiva, remitida el 3 de marzo, y se limitó a dar protocolario traslado a la segunda, de 8 de agosto, al Patronato del CNIO. De nada sirvió”, ha publicado El Mundo.
De hecho, la segunda de las cartas acabó en poder del denunciado, ya que Cigudosa la envió a la secretaría general del Patronato, y esta a la Gerencia, en aquellos momentos liderada por el acusado. Por su parte, el Ministerio ha declarado que “condena cualquier tipo de delito” y ofrece “la máxima colaboración con la Justicia”.
La noticia del supuesto delito, en el durante casi dos décadas un entramado de empresas afines a antiguos altos cargos habría desviado 25 millones de euros destinados a la lucha contra el cáncer. Se trata de “una gigantesca operativa de contratos” de carácter administrativo, logístico e informático que, presuntamente, se amañaron, fraccionaron e inflaron y algunos, incluso, no obtuvieron contraprestación.
La denuncia fue interpuesta el pasado 27 de junio por el anterior director de Compras (2022-2025) y Operaciones (2024-2025) que, al implantar nuevas políticas de control de gastos, halló “cosas sospechosas”. Este, junto a la jefa de Cumplimiento Normativo y cuatro técnicos del CNIO, investigaron contratos y albaranes, tomaron declaración a trabajadores y auditaron la ejecución real de las compras durante la década anterior.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas lleva varios meses en el punto de mira por presuntas actividades ilícitas. El pasado mes de diciembre, ya se denunció que el centro, bajo la dirección de María Blasco y la gerencia de Juan Arroyo, destituidos un mes después, había gastado un millón de euros en comprar obras de arte y en actividades artísticas y 600.000 euros en viajes de personal del CNIO.
Antes de su destitución, Blasco compareció varias veces ante los medios de comunicación para insistir en la responsabilidad de Arroyo, al que acusó de una gestión plagada de “irregularidades” con la que había que acabar. “Tienen que elegir entre la ciencia y la opacidad de un gerente que no da explicaciones. He trasladado mi sospecha de posibles irregularidades que tienen que ver con las contrataciones del CNIO y que se me están achacando a mí”, manifestó.
En aquel momento, Blasco acusó al por entonces gerente de no dar la cara y “no llevar a cabo ningún ejercicio de transparencia”, mencionando dos contratos que se llevaron a cabo en 2024 por un valor de más de un millón y de 2,5 millones de euros “que deberían tener en cuenta el Patronato”.
Ante tales informaciones, el Patronato de la institución se reunirá de forma extraordinaria el próximo 25 de noviembre para analizar la situación del centro, según fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
"Las cuentas del CNIO están auditadas anualmente por la Intervención General del Estado, y en la actualidad, además, el Tribunal de Cuentas está auditando los ejercicios correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024", indican las mismas fuentes, consultadas por Europa Press.
Asimismo, el Ministerio asegura que no tiene constancia de que la Fiscalía de Madrid haya notificado al CNIO ninguna denuncia al respecto. "En todo caso, este Ministerio manifiesta colaboración absoluta con la justicia y máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir", agrega.
Ahora, en vista de las últimas noticias publicadas, Sumar va a pedir la comparecencia en el Congreso de Diana Morant, para que aclare las denuncias sobre el supuesto desfalco. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la diputada de Más Madrid Tesh Sidi, al tener conocimiento de la denuncia en la prensa: "Como portavoz de Ciencias y Universidades, me voy a encargar de solicitar una comparecencia de la ministra, que estoy segura que va a poder explicarlo mejor", ha respondido a una periodista.
A su juicio, España "carece mucho de auditorías" y ese ejercicio "le falta a la democracia española". "En todos los gobiernos hace falta auditoría de cómo se ejecutan los Presupuestos Generales en todos los centros, porque es la manera de retornar a este Congreso de los Diputados en qué se gasta el dinero público", ha señalado. La parlamentaria de Sumar ha asegurado además que, con una mayor fiscalización, "no habría tantas tramas de corrupción" y existiría "un seguimiento mucho más fehaciente".