
Por Medicina Responsable
3 de febrero de 2026La Fiscalía de Andalucía archiva la causa sobre las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mamá contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, al concluir que no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados.
Las denuncias fueron presentadas el pasado mes de octubre por la Asociación del Paciente contra tres personas no aforadas, la ex consejera de Salud, Rocío Hernández; la ex viceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz del Salud, tal como ha recordado la Fiscalía en una nota. Además, la acusación incluía los escritos de dieciséis mujeres con sus casos particulares más las de los partidos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía.
En las diligencias de investigación preprocesales, el decreto señala que los hechos se refieren a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes o "dudosos", falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las victimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.
Por todo ello, la Fiscalía de Andalucía concluye en remitir las presentes diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las dieciséis mujeres que han denunciado, para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y que deben realizarse en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.
En los hechos denunciados por las mujeres, según señala el escrito, "no existe un patrón" que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos e indica que "han de ser investigados de manera individual y separada".
El decreto también recoge que algunas denuncias exponen "manifestaciones de carácter general, sin precisión alguna" relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama y una investigación más prospectiva sería contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.
Por otro lado, la presidenta de la Asociación Amama, Ángela Claverol, ha actualizado este lunes la cifra de mujeres afectadas por los fallos en el programa de detección del cáncer de mama que han presentado reclamaciones patrimoniales al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 110 las pacientes. Según los datos del Gobierno andaluz, había un total de 2.317 mujeres afectadas por los "errores" de comunicación que significaron no notificar el resultado de sus mamografías.
Además, Ángela Claverol ha tachado de "pena" y "tristeza" el archivo por parte de la Fiscalía de Andalucía sobre las tres denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad. "Me parece mal el archivo porque ahí están las pruebas y de alguna manera habrá que dar explicaciones, digo yo", ha puntualizado la presidenta de Amama, que ha reconocido que "quizás no hemos tenido la capacidad de tener un equipo jurídico con prestancia" para dedicarse sólo a este tema".